A punto de acabar 2021, el segundo año en el que el mundo se ha visto inmerso en una pandemia global, el balance de lo ocurrido en los últimos 12 meses ha dejado muchos y graves problemas por solucionar, tanto a nivel nacional como internacional. Alianza por la Solidaridad-ActionAid denuncia que la situación afecta directamente a la supervivencia de millones de personas y apunta algunos de los problemas en los que no se ha logrado avanzar. Desde la falta de resolución de conflictos armados contra población civil, hasta toma de medidas efectivas para paliar los impactos del cambio climático, pasando por el acaparamiento de recursos naturales en zonas o barreras a las migraciones humanas causadas por lo anterior.
Alianza, que acaba el año con más de 170.000 personas beneficiadas por sus proyectos de cooperación en África, América Latina, África, Asia, Oriente Medio y España, considera que para 2022 hay 10 retos fundamentales por delante que no pueden esperar más.
A nivel internacional
1. Conseguir que en la COP27 de Egipto se cree un fondo para paliar los daños y pérdidas causadas por el cambio climático en el sur global, así como aumentar la financiación para mitigación y adaptación, algo que no ha logrado sacarse adelante en la COP-26, pese a que fenómenos extremos afectan ya millones de personas. Según la ONU, entre 2019 y 2020, hubo 7.349 desastres naturales en el mundo, que se cobraron 1.230.000 vidas y afectaron a 4.200 millones de personas (muchas en más de una ocasión).
2. Apostar por una mirada feminista y promover una mayor participación de las mujeres y sus organizaciones en todos los niveles, de lo local a lo internacional, donde ahora se encuentran poco visibilizadas cuando no silenciadas.
3. Aumentar los fondos para ayuda humanitaria para hacer frente a crisis prolongadas como las de Haití, Colombia o Afganistán. No olvidemos que Haití ha sufrido un devastador terremoto en 2021, que en Colombia se ha recrudecido la violencia y la población de Afganistán vive en situación de crisis humanitaria bajo el régimen talibán.
4. Acabar con la ocupación por parte de Israel de territorios ocupados en Palestina y sancionar las violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno israelí. Hasta ahora la ONU no ha logrado que las resoluciones aprobadas sean aplicadas, mientras los derechos humanos de la población palestina son vulnerados cada día sin sanciones por parte de la comunidad internacional. La última campaña de acoso al trabajo de las ONG ha acabado con la española Juana Ribas en prisión.
5. Lograr un reparto justo y solidario de las vacunas anti-COVID y otros fármacos en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo, aprobando la liberalización de las patentes y facilitando su producción a bajo coste. Mientras no se consiga proteger a todo el mundo, la pandemia global seguirá generando muerte y aumentando la desigualdad. Los anuncios de 2021 al respecto deberán ser realidad en 2022.
A nivel nacional
6. Cambiar la actual “Ley de Extranjería” por un marco normativo de protección y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, tal y como se comprometió en su programa electoral el actual Gobierno.
7. La regularización extraordinaria de las 600.000 personas migrantes en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país. Cabe recordar que la última fue hace más de 15 años (2004), y que las trabas actuales para poder conseguir permisos de residencia están propiciando abusos y discriminaciones intolerables en un estado de derecho.
8. Aprobar una ley vinculante de debida diligencia en España para que las empresas sean responsables de sus inversiones dentro y fuera del país. Esta normativa debe obligar a todas las compañías a identificar y evaluar el riesgo que supone su actividad (directa o indirecta) en los derechos de las comunidades y en el entorno. Asimismo, debe facilitar el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados por esa actividad.
9. Presionar en instancias internacionales y relaciones bilaterales para el cumplimiento de la consulta libre, previa e informada, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, en todas las comunidades indígenas afectadas directa o indirectamente por la construcción de proyectos empresariales que afecten a su entorno, así como promover el respeto de sus sistemas propios y que se acepte el resultado de esta consulta.
10. Conseguir una cooperación española más justa, feminista y centrada en Derechos Humanos, preparada para afrontar los retos que tenemos por delante. Para ello, en 2022 debería salir adelante la nueva ley de cooperación española, que define el marco de relación entre las ONG y el Gobierno, el nuevo estatuto del cooperante y el nuevo reglamento de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).
