La Plataforma Social de Castilla y León ha presentado su Decálogo de demandas políticas y sociales dirigido a los partidos de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. El objetivo: poner sobre la mesa los problemas estructurales que afectan a más de 570.000 personas, equivalentes a uno de cada cuatro habitantes, que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Entre los principales retos identificados destacan la feminización de la pobreza, que afecta especialmente a familias monoparentales encabezadas por mujeres, niños, niñas y personas mayores; la precariedad laboral en los servicios sociales, con salarios frecuentemente por debajo del SMI; y la crisis de vivienda, que convierte el alto coste del alquiler y la compra en un factor determinante de vulnerabilidad.
El decálogo de demandas plantea medidas concretas, entre las que se incluyen:
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Fiscalidad justa para garantizar el presupuesto de dependencia y programas sociales.
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Cooperación institucional entre gobiernos central, autonómico y local para resolver problemas de vivienda.
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Parque público de alquiler y vivienda protegida para reducir la presión sobre los hogares.
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Transparencia en la evaluación de planes y gasto público.
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Ampliación de servicios de ayuda a domicilio y centros de día para que las personas mayores permanezcan en sus hogares.
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Mejora de centros residenciales y creación de nuevas plazas públicas.
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Apoyo económico a cuidadores familiares y eliminación de incompatibilidades con otros servicios.
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Creación de plazas sociosanitarias cumpliendo acuerdos del Diálogo Social.
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Planes de intervención en barrios vulnerables, para erradicar la pobreza generacional y el absentismo escolar.
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Integración de inmigrantes mediante un plan estratégico de inclusión económica y educativa.
Según la Plataforma, estas medidas buscan romper la transmisión generacional de la pobreza y garantizar una sociedad más justa y equitativa en Castilla y León, donde la vulnerabilidad social ha ido en aumento en los últimos años.
