El Gobierno establece 2024 como el año en el que entrarán los peajes en todas las autovías del país. La noticia ha causado un gran revuelo entre los ciudadanos y las comunidades autónomas al entender que es una medida que perjudica la actividad económica y supone un desembolso extra para los ciudadanos con pocos recursos.
Castilla y León es una de esas comunidades que se han posicionado en contra del pago de peajes. El consejero de Fomento, Juan Carlos Sánchez-Quiñones entiende que el mantenimiento de las infraestructuras viarias debe hacerse "dentro del marco presupuestario".
En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, Suárez-Quiñones considera que "incrementar los costes de movilidad por carretera es subir los costes al transporte y a la ciudadanía, y por tanto es malo para la actividad económica". "A los ricos a lo mejor les da igual pagar un poco más, pero penaliza a las rentas más modestas", indicó el consejero. Por eso, incide en que "no es una medida ni justa ni necesaria" e insta al Gobierno a "administrarse bien con los presupuestos".
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, añadió como responsable de la política de Reto Demográfico en Castilla y León que la medida es "muy perjudicial para nuestra comunidad con 94.000 kilómetros cuadrados".
