El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado una declaración institucional para puntualizar y aclarar las dudas surgidas en torno a las medidas anunciadas dentro del "plan de fomento a la natalidad y de apoyo a las familias", al tiempo que ha mostrado su estupefacción por los avisos vertidos desde el Gobierno central.
El Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez ha anunciado el envío de un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un requerimiento que, hasta la fecha, no ha llegado de manera oficial a la administración regional, tal y como ha manifestado el propio Mañueco que ha acusado al Gobierno central de tener como único propósito "tratar de sacar rédito político" ante este tema, lo que considera "lamentable".
Mañueco ha negado cambio alguno en la legislación sobre el aborto: "En ningún caso se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para toda España, ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la Comunidad Autónoma. En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someter a una interrupción del embarazo. Sobre este último asunto la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León".
El jefe del Ejecutivo regional ha reiterado que la legislación no se modifica: "No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición". De esta manera, Mañueco responde al aviso del Gobierno y de la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha amenazado con llevar esta cuestión ante el Tribunal Constitucional.
"Ni el Gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el Gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León y que tengan que verse por ello privadas de mayores alcances durante un momento especial de sus vidas".
Mañueco asegura que el aviso del Ejecutivo central buscan promover la natalidad "en un territorio con evidentes problemas de despoblación" y que consiste en "ayudas a las mujeres embarazadas y que han sido utilizadas de manera interesada", en referencias a las acusaciones del Gobierno que las considera un protocolo antiaborto.