La Junta de Castilla y León defiende a ultranza las medidas anunciadas el pasado jueves entre del llamado plan de "fomento a la natalidad y apoyo a las familias". Un título sobre el que se reafirman, pero que ha generado una tensa y agria polémica con amenazas incluidas por parte del Ejecutivo central y del propio Ministerio de Sanidad que advierte al Gobierno autonómico que no posee competencias en materia antiabortista, por lo que se plantean llevar la medida ante el Constitucional.
Muchos matices quedaban por aclarar tras la rueda de prensa y las primeras declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox). Entre ellos si la realización de las pruebas anunciadas dentro del plan que comenzará a aplicarse este mismo lunes será de carácter obligatorio para todas las mujeres gestantes que manifiesten su intención de paralizar el proceso. El número dos del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "lo única que será obligatorio es la posibilidad de ofrecer información", no de darla, por parte de los profesionales sanitarios.
"Se trata de ofrecer la posibilidad de tener información a todas las madres, de acompañarlas en un proceso maravilloso, pero difícil como es el embarazo y de dar toda la información para que la maternidad sea libre y responsable. Se trata de eso, de dar más información a las mujeres", ha aclarado posteriormente y ha ratificado que no será obligatorio para ninguna de las embarazadas ni mucho menos una "coacción".
"De esa manera Castilla y León se va a consolidar como la región que más cuida a las mujeres embarazadas": Al tiempo, el líder de Vox aseguraba que "no debería" haber polémica: "Yo creo que se trata de una medida en positivo que lo único que hace es ofrecer alternativas e información a las mujeres".
En todo caso, asegura que se trata de favorecer una "maternidad libre y responsable": "Piense en cuántas mujeres han podido ir a abortar presionadas por su entorno social. En el momento de ir al médico debe haber un profesional que les de alternativas e información para que la decisión que deban toma la hagan con toda la información posible", si bien reitera que se trata de .
Ha sido en una rueda de prensa extensa y a la que han seguido también varias aclaraciones en entrevistas a programas matinales. García-Gallardo ha asegurado que pruebas como la ecografía 4D las cubrirá la Seguridad Social a todas las mujeres gestantes de Castilla y León que lo deseen y no exclusivamente a las que planteen su idea de abortar. El plan también incluye, entre otras medidas, la realización de la escucha del latido fetal y la derivación a salud mental de las "mujeres que lo requieran".
García-Galalrdo también se ha referido al aviso desde el Gobierno central que califica de un "intento de coartar la libre acción de Gobierno" y de tapar su "ineptitud" en materia de protección a las mujeres. En ese mismo sentido, el presidente Alfonso Fernández-Mañueco ha asegurado que el aviso del Ministerio de Sanidad se basa en "mentiras" para generar "alarma social".
