La Junta de Castilla y León ampliará el servicio de ayuda a domicilio dirigido a menores con discapacidad, como parte de su compromiso con la atención integral a las familias. Esta nueva línea, que contará con una inversión anual de 4,8 millones de euros, está incluida dentro del Acuerdo Marco de Servicios Sociales que la Junta mantiene con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales.
Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su visita al complejo ‘El Pino de Obregón’ en Valladolid, gestionado por la Fundación Personas. Un centro que ofrece atención educativa y social a niños y jóvenes con discapacidad intelectual de entre 3 y 21 años, combinan formación, desarrollo personal y orientación hacia la vida adulta.
La nueva línea de ayuda a domicilio estará dirigida a familias con hijos menores de 21 años con discapacidad que necesiten el apoyo de una tercera persona, así como a aquellos que han concluido la Atención Temprana pero continúan requiriendo cuidados especiales. Este recurso se suma a los servicios ya existentes para menores en situación de vulnerabilidad y tiene como objetivo garantizar que los menores puedan permanecer en su entorno familiar, contando con apoyo profesional para tareas cotidianas, refuerzo educativo y orientación para sus cuidadores.
En 2023, este servicio atendió a 331 menores y 154 familias en la comunidad, a través de la red de entidades locales. Su objetivo no es solo facilitar la vida diaria, sino favorecer el desarrollo personal, educativo y social de los menores con discapacidad.
Durante su visita, Isabel Blanco ha reafirmado el compromiso de la Junta con las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida, en línea con la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida, aprobada el pasado año. En este sentido, también destacó el respaldo del Ejecutivo autonómico a programas de educación postobligatoria e inserción laboral para jóvenes con discapacidad de entre 16 y 21 años.
Con estas acciones, la Junta de Castilla y León avanza hacia un modelo de atención centrado en las personas, inclusivo y adaptado a las necesidades reales de las familias, reforzando la red de apoyos para que ningún menor con discapacidad quede desatendido.
