El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una estrategia dotada con 7.000 millones de euros que movilizará inversiones en todas las comunidades autónomas y que sitúa a Castilla y León como una de las principales beneficiarias, con 378 millones de euros para los próximos cinco años.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que el nuevo plan “blinda la protección pública de la vivienda” y ha subrayado que “nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda”, en referencia al refuerzo del control sobre el parque protegido.
El modelo de financiación establece una corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades autónomas, con una aportación del 60% por parte del Gobierno central y del 40% por parte de los gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, la dotación supone un incremento significativo respecto al plan anterior, al pasar de 101 a 378 millones de euros, lo que implica una subida de 277 millones.
El diseño del plan prioriza tres ejes estratégicos: más construcción de vivienda pública, más rehabilitación del parque existente y más protección para colectivos vulnerables. Al menos un 40% de los fondos se destinará a nuevas viviendas y adquisición, un 30% a rehabilitación y otro 30% a políticas de protección social vinculadas a la vivienda.
Entre las principales novedades destaca la protección permanente de todas las viviendas construidas con financiación pública, así como la incorporación de mecanismos de transparencia y una cláusula antifraude en la adjudicación de vivienda protegida. Además, se impulsará un sistema de datos públicos para mejorar el acceso a la información sobre el mercado residencial.
El plan se enmarca en un proceso de negociación con las comunidades autónomas que ha incluido 28 reuniones y 365 aportaciones, incorporadas al texto final. Según el Gobierno, el objetivo es articular una respuesta estructural al problema de la vivienda, con medidas orientadas a incrementar la oferta, mejorar la eficiencia del parque existente y reducir la presión sobre el acceso residencial.
Entre las actuaciones previstas se incluyen el impulso a la construcción y la industrialización del sector, ayudas a la rehabilitación —incluidos cascos históricos—, la movilización de vivienda vacía y programas específicos de protección para jóvenes, víctimas de violencia machista y colectivos en situación de vulnerabilidad.
