La Junta de Castilla y León, junto a los gobiernos de Galicia y Asturias, ha acordado intensificar su actuación ante las instituciones europeas para reclamar la eliminación de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9, dos infraestructuras consideradas estratégicas para la movilidad y la competitividad del noroeste peninsular.
El acuerdo se ha alcanzado durante una reunión celebrada en Santiago de Compostela en la que también participaron la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE). Las entidades firmaron una declaración conjunta para reforzar la presión ante la Comisión Europea y lograr que avance el procedimiento abierto por Bruselas sobre las prórrogas de las concesiones de ambas autopistas.
Las tres comunidades consideran que la continuidad de estos peajes supone un perjuicio económico para ciudadanos y empresas y defienden que el procedimiento europeo debe concluir con una resolución definitiva conforme al Derecho de la Unión Europea. En este sentido, han acordado trasladar formalmente a la Comisión Europea la necesidad de culminar el proceso e incluso elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si fuera necesario.
Además, Castilla y León, Galicia y Asturias han mostrado su malestar por la falta de transparencia del Gobierno de España, al asegurar que todavía desconocen el contenido del dictamen emitido por la Comisión Europea y la respuesta remitida por el Estado, pese a haber solicitado conjuntamente acceso al expediente.
La secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Natalia Flórez, defendió la importancia de mantener una posición común entre las tres comunidades para garantizar que los intereses del noroeste sean escuchados en Europa y avanzar hacia el fin de unos peajes que, a juicio de la Junta, limitan la movilidad y restan competitividad al territorio.
La administración autonómica sostiene que los usuarios de la AP-66 sufren un trato desigual respecto a otras autopistas estatales que han sido liberadas o cuentan con sistemas de bonificación más favorables. Asimismo, reclama que todas las autopistas de Castilla y León reciban el mismo tratamiento.
Mientras no se produzca una decisión definitiva, la Junta recuerda que mantendrá medidas para reducir el impacto económico de los peajes. Entre ellas figuran las bonificaciones de al menos el 60 % para usuarios recurrentes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71, anunciadas recientemente por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
La reunión también sirvió para reiterar la reivindicación de un mayor impulso al Corredor Atlántico, una infraestructura que Castilla y León considera esencial para la competitividad logística del noroeste. La Junta reclama al Gobierno central la aprobación de un Plan Director específico para el corredor en la Comunidad y un calendario claro de inversiones, a cuatro años de la fecha límite fijada para la Red Básica europea.
