Castilla y León volvió a situarse en 2024 entre las comunidades autónomas más castigadas por los ataques de lobo al registrar más de 3.900 cabezas de ganado muertas, una cifra que evidencia el impacto que la presencia de esta especie sigue teniendo sobre la ganadería extensiva de la región.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado la falta de respuestas eficaces por parte de las administraciones y ha criticado la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a mantener una reunión con el sector para abordar la situación actual de la gestión del lobo.
La organización agraria considera que dicho encuentro está plenamente justificado, especialmente cuando el propio Ministerio sigue siendo responsable de cuestiones como la elaboración del informe sexenal sobre la situación de la especie y su futura tramitación.
Desde UCCL califican de "cuestionable" la decisión del departamento que dirige Sara Aagesen de aplazar cualquier reunión hasta el último trimestre del año, argumentando que no existe información novedosa sobre esta materia. La organización sostiene que persisten importantes discrepancias entre el Ministerio y las comunidades autónomas y que la problemática continúa agravándose en los territorios más afectados.
Compensaciones insuficientes
La organización agraria denuncia que las indemnizaciones actuales están muy lejos de cubrir las pérdidas reales que sufren las explotaciones ganaderas. En este sentido, recuerda que la normativa europea permite financiar hasta el 100 % de las medidas preventivas frente a los ataques de lobo, una posibilidad que, a su juicio, no se está aprovechando suficientemente.
Además, reclama que se mantengan los fondos estatales destinados a la prevención y compensación de daños y recuerda que el Ministerio trasladó hace un año al sector que estos recursos continuarían existiendo, aunque fueran gestionados a través de la Fundación Biodiversidad.
Daños más allá de las cifras oficiales
UCCL sostiene que los datos oficiales reflejan únicamente una parte del problema. Junto a los animales muertos, la organización subraya la existencia de otros perjuicios difíciles de cuantificar económicamente, como abortos, pérdidas de producción, estrés en los rebaños o la inseguridad constante con la que trabajan muchos ganaderos.
Según la organización, Castilla y León y Asturias encabezan las estadísticas nacionales con cerca de 4.000 cabezas de ganado perdidas cada una durante 2024. Tras ellas se sitúan Cantabria, con alrededor de 3.000 animales afectados, y Galicia, con cerca de 1.900 ataques contabilizados oficialmente.
UCCL advierte además de que numerosos ataques no llegan a denunciarse debido a la escasa cuantía de las indemnizaciones, la complejidad burocrática de los procedimientos o las dificultades para acreditar los daños dentro de los plazos establecidos.
La organización también denuncia que la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León está acumulando retrasos en el pago de las ayudas, una situación que está generando un creciente malestar entre los profesionales afectados.
"Con casi 4.000 cabezas de ganado perdidas en un solo año en Castilla y León y unas compensaciones que no cubren ni de lejos los daños reales, resulta incomprensible que el Ministerio no considere prioritario sentarse a escuchar al sector", concluye UCCL.
