Con motivo de la celebración el 30 de noviembre del aniversario de la primera abolición de la pena de muerte en el mundo, que llevó a cabo el Gran Ducado de Toscana en 1786, se celebra la campaña “Ciudades por la Vida contra la Pena de Muerte”. Una campaña liderada por la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional y que durante el año pasado alcanzó las 2.500 localidades adheridas por todo el mundo.
La Jornada Mundial se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo.
Cada una de las ciudades adheridas cuelgan en la fachada de su Ayuntamiento la pancarta por la cual se suman a la campaña mediante aprobación en pleno. Entre ellas se encuentran los Ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro que lucirán esa pancarta conmemorativa. Una celebración que hace hincapié en los datos sobre la pena de muerte que constituye una de las principales luchas de Amnistía Internacional, tal y como informan desde la organización a nivel provincial.
Sólo este año se han registrado más de 28.000 condenas a muerte en todo el mundo, la mayoría en nueve países entre ellas Irak, EEUU, Bangladesh, Pakistán, Argelia e Sri Lanka.
A día de hoy, en 108 países del mundo ya se ha abolido la pena de muerte, siendo la mayoría de estas decisiones adoptadas en las últimas dos décadas, tal y como ha remarcado Manuel Fuentes.
COMUNICADO
Los pocos países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: millones de personas seguimos luchando para que pongan fin a esta práctica inhumana. Sabemos que podemos conseguirlo porque, cuando empezamos a trabajar contra la pena capital en 1977, ésta sólo estaba abolida en 16 países. Al terminar 2021, estaba abolida en 108 países.
Irán, por ejemplo, la sigue utilizando recurrentemente, incluso contra menores de edad. Sólo entre enero y febrero de 2023, las autoridades han ejecutado a, al menos, 94 personas. Muchas de ellas pertenecían a minorías étnicas; otras, habían sido declaradas culpables en relación con las protestas surgidas tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre del año pasado.
En Estados Unidos, a Donald Dillbeck lo ejecutaron en febrero tras permanecer 32 años condenado a muerte, a pesar de que Estados Unidos prohíbe la ejecución de personas con discapacidad intelectual. China clasifica como “secreto de Estado” la mayor parte de los datos relacionados con la pena de muerte para tratar de ocultar que es el mayor ejecutor mundial. Arabia Saudí y Egipto se suman a la lista de los países que más ejecuciones realizan.
¿Y qué pasa con las mujeres? Pues que muchas mujeres son declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada.
Desde Amnistía Internacional lo tenemos claro: la pena de muerte es una grave violación a los derechos humanos.
