El vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y responsable del área de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio, ha detallado este viernes 25 de abril la situación actual de la Residencia Virgen del Canto de Toro, tanto en materia de contratación como en el cumplimiento de la nueva normativa autonómica de atención residencial.
Silva ha comenzado su intervención aclarando el contexto de la convocatoria de esta comisión extraordinaria, promovida por la oposición. Según ha explicado, una primera petición fue desestimada por no cumplir con el reglamento interno de la institución, al no contar con el número mínimo de firmas requerido. Días después, una nueva solicitud sí fue admitida al incorporarse un representante más, en este caso de Izquierda Unida. “La comisión se ha convocado en tres días, dentro del reglamento y con la mayor celeridad posible”, ha asegurado.
En cuanto a la situación contractual del centro, el vicepresidente ha señalado que la residencia ha registrado 47 contratos menores en el primer trimestre del año, y mantiene tres contratos mayores en tramitación: uno para el suministro de víveres, actualmente en fase de elaboración de pliegos; otro de limpieza, incluido en un lote que afecta a varios edificios de la Diputación, pendiente de resolución por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TACyL); y un tercero para productos de limpieza, que se encuentra en proceso avanzado.
En el ámbito de personal, desde 2024 se han efectuado 29 contrataciones, entre ellas 23 auxiliares de geriatría, tres trabajadores de cocina, un jefe de negociado, dos operarios para servicios varios y un nuevo responsable de mantenimiento tras la jubilación del anterior.
Respecto al estado de las instalaciones, Silva ha defendido que el centro no ha sido desatendido y que su modernización está contemplada en los presupuestos aprobados el pasado diciembre. Entre las actuaciones previstas destacan la reforma integral de la cocina (con un presupuesto de 48.000 euros), la climatización de zonas comunes (11.200 euros), la mejora de jardines, la instalación de nuevas cámaras frigoríficas (13.938 euros) y futuras intervenciones en accesos, despachos, terapia ocupacional y vestuarios del personal.
También ha salido al paso de las críticas sobre el cumplimiento de la Ley 3/2024 de atención residencial, aprobada en abril de este año. “Las residencias autorizadas antes de la entrada en vigor de esta ley pueden mantener sus características arquitectónicas”, ha subrayado Silva, citando textualmente la disposición adicional primera de la norma. Ha insistido en que solo en caso de ampliaciones se exigirá la adaptación a las nuevas unidades de convivencia.
“Todas las obras que estamos ejecutando o planificando se realizan para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de usuarios y trabajadores, pero la residencia ya cumple la legislación vigente”, ha concluido Silva, reiterando el compromiso de la Diputación con la calidad de los servicios sociales y la transparencia institucional.
