Es así como se fija población en la zona rural? Esa es la pregunta que desde el Grupo de IU hemos planteado al presidente de la Diputación a principios de verano, cuando empezamos a detectar a partir del mes de junio que las cifras de lista de espera se disparaban entre personas a quienes se les reconocía la situación de dependencia, pero que se quedaban en lista de espera o reserva de servicio –como se denomina ahora en los decretos de Presidencia-, pero que al final lo que supone es que entre junio y agosto hay 222 personas más que han solicitado la ayuda a domicilio y la Diputación no se la ha concedido (de ellos 141 han solicitado ayuda y 81ampliación).
Estos datos son ya extremadamente graves por sí solos, máxime en una provincia que pierde población y que debe tomar medidas para que las personas puedan vivir en su casa atendidas por los servicios que como el SAD les ayudan a permanecer en su pueblo.
Pero son un verdadero escándalo si tenemos en cuenta que en el mismo periodo de tiempo durante el verano (de junio a agosto), en los Decretos de Presidencia no consta ninguna adjudicación del servicio pero sí hay 169 bajas por fallecimiento y por renuncia o desestimiento. Es decir: ni siquiera se han sustituido las bajas.
Y ello pese a no contabilizar las suspensiones temporales del servicio por más de seis meses, que también son muy numerosas y que no hemos tenido en cuenta para contabilizarlas porque son “temporales”, pero también suponen que no se presta la ayuda a domicilio durante esos meses, por lo que debería haber recursos humanos y económicos más que suficientes para atender la dependencia al menos.
Lo que podría interpretarse como una coyuntura debida al cambio del contrato del SAD, se está convirtiendo en una verdadera falta de responsabilidad por parte de la Diputación, que no ha buscado soluciones para atender a las personas dependientes, y que está llevando a renunciar, a desistir y a emigrar, en definitiva.
Desde IU consideramos impresentable la propuesta que da el Diputado del Área a las personas que están en lista de espera como solución en los propios decretos:
“No obstante, podrá dirigirse al trabajador social de su CEAS, a fin de solicitar la prestación económica vinculada al servicio que tiene reconocida en su resolución de Dependencia”.
Lo cual supone tener que continuar los trámites burocráticos para la concesión de una ayuda que puede ser denegada, y que si es concedida les llevará a tener que contratar con una empresa o con un particular esa ayuda que debería prestar la Diputación.
Desde IU exigimos que se acabe con esta situación anómala de no sustituir siquiera las bajas del SAD para atender a las personas con dependencia reconocida, y alertamos de que la solución que propone la Diputación es la que siempre ha defendido el PP en los servicios sociales, para que sean prestados por empresas y con cargo a las personas, en lugar de por las administraciones públicas como derechos universales: con “cheques” o ayudas individuales que acaben en manos de las empresas también.
Y alertamos de que de esta manera seguiremos perdiendo población porque los servicios son básicos para mantenerla, y seguimos advirtiendo de que para conseguir que Zamora sea la sede de los centros de atención a mayores de la “Silver Economy”, hay que empezar dando ejemplo y lograr la atención a los mayores dependientes y a todos aquellos que solicitan la ayuda a domicilio aunque no tengan dependencia reconocida para poder seguir viviendo en la provincia.
