El pasado mes de febrero, CCOO, UGT y la CEOE de Castilla y León se reunieron en la Delegación del Gobierno con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para solicitar la intervención del Gobierno de España tras el anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León de su intención de eliminar el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).
En su momento, la ministra señaló la gravedad de la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León, “porque supone un duro golpe al diálogo social y pone en riesgo la posibilidad del cumplimiento de la legislación laboral estatal, con la consecuente vulneración de derechos laborales”.
Cabe recordar que los agentes sociales y económicos "llevamos meses ejecutando acciones diversas (visitas a diversos organismos de la UE, así como a la OIT para solicitar las intervenciones oportunas de dichas instituciones, así como diferentes movilizaciones y actuaciones jurídicas) con el fin de evitarlo por el grave perjuicio que ocasionaría a los trabajadores y empresas de la comunidad”.
Hasta el momento, han sido numerosos los informes recabados y publicados por el propio Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) y por los agentes sindicales y empresariales sobre los procesos resueltos por el SERLA en Castilla y León y el presupuesto necesario que han evitado que cientos de conflictos laborales llegasen a juicio. Hoy, además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha comunicado a las organizaciones sindicales y a la patronal que han enviado un requerimiento a la Junta de Castilla y León "previo a la vía judicial por la falta de ejecución debida de la legislación laboral y de los acuerdos interprofesionales sobre sistemas autónomos de solución de conflictos en relación con la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León para que reponga inmediatamente dicho servicio".
La Junta "está incurriendo en una acción antidemocrática auspiciada por el partido de la extrema derecha en el Gobierno Autonómico, desde una ideología contraria a los sindicatos y la patronal más representativos y, en definitiva, contra las libertades y los derechos constitucionales, con la permisividad que les presta el PP en la Comunidad", señalan desde los sindicatos.
Mientras esto ocurre, "la prestación de los servicios de conciliación, mediación y arbitraje a empresas y trabajadores que lleva a cabo el Serla, acumula 72 días prestándolos sin dotación presupuestaria."
Los agentes sociales esperamos “que el presidente de la Comunidad recobre la sensatez, actúe dentro de la legalidad y, en consecuencia, dé la espalda definitivamente a la ultraderecha y gobierne en minoría”. Según las organizaciones sindicales, “es imprescindible recuperar el Diálogo Social Tripartito y los “pactos políticos de Comunidad”, que dote de la estabilidad política y social necesaria a Castilla y León, al contrario de lo que está sucediendo en los últimos doce meses“.
En este sentido, ambos sindicatos "vamos a solicitar al presidente Mañueco una reunión inmediata del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, donde tomemos las decisiones oportunas para resolver esta gravísima situación y se cumplan los acuerdos vigentes en torno al servicio de relaciones laborales de Castilla y León, (SERLA)".
