La Plataforma Social ha reclamado que el incremento de financiación estatal destinado al sistema de dependencia en Castilla y León no se vea compensado con una reducción de la aportación autonómica, recordando precedentes como el del Plan de Choque de 2021, y ha pedido que los nuevos recursos repercutan directamente en las familias y en la mejora del sistema de atención.
La advertencia llega tras la aprobación del Real Decreto-ley de medidas extraordinarias para el refuerzo de la financiación de la dependencia, que supondrá para Castilla y León un incremento de 227,6 millones de euros anuales, elevando la aportación estatal hasta los 460,5 millones de euros, frente a los 232,8 millones actuales.
El aumento se apoya en la actualización de las cuantías del nivel mínimo por persona atendida. En el grado I de dependencia, la aportación pasa de 76 a 90 euros mensuales; en el grado II, de 130 a 260 euros; y en el grado III, de 290 a 660 euros, con un refuerzo especialmente significativo en los casos de mayor intensidad asistencial.
En Castilla y León, según los datos de mayo de 2026, hay 128.219 personas con derecho a prestación, lo que permite estimar el impacto económico del nuevo modelo. Por grados, el sistema pasa de 119,9 millones a 272,8 millones en el grado III, de 66 millones a 132 millones en el grado II, y de 46,9 millones a 55,5 millones en el grado I, según las nuevas cuantías.
Desde el ámbito social se subraya que este incremento debe servir no solo para reforzar las prestaciones económicas, sino también para mejorar las condiciones del sector de los cuidados, donde persisten dificultades de cobertura en servicios como la ayuda a domicilio y las residencias, afectadas por los bajos salarios y la falta de personal.
La Plataforma Social insiste en que el aumento de la financiación estatal debe trasladarse íntegramente a la mejora del sistema, tanto en la atención residencial ante la falta de plazas públicas como en las prestaciones vinculadas al entorno familiar, sin que ello suponga ajustes a la baja por parte de la administración autonómica.
