Las ayudas de hasta 3.000 euros por vivienda, destinadas a mejoras de eficiencia energética y financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han superado ampliamente el plazo máximo de tres meses previsto para su resolución. Según denuncian la organización afectadxslaviviendacyl, los retrasos no son puntuales, sino estructurales y generalizados.
La problemática no se limita a las solicitudes iniciales. También los recursos potestativos de reposición —previa vía administrativa antes de acudir a la judicial— se encuentran sin resolver, convirtiendo el silencio administrativo en una práctica habitual y privando a los ciudadanos de respuestas expresas y motivadas.
Además, obtener información oficial sobre el estado de los expedientes se ha convertido en un desafío: los canales habituales —teléfono 012, llamadas a Valladolid, correos electrónicos— resultan ineficaces y la información que se obtiene suele ser informal y carente de valor administrativo, lo que dificulta ejercer las garantías previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los afectados señalan que, tras múltiples llamadas y contactos, solo con mucha suerte algún trabajador empatiza y facilita información mínima de manera oficiosa, mientras la situación sigue extendiéndose más allá de cada solicitud individual.
En pleno 2026, denuncian que sigue sin existir un sistema telemático sencillo y seguro, que permita consultar de manera oficial el estado de solicitudes y recursos, como ocurre con otros servicios públicos digitales, dejando a los ciudadanos sin una herramienta clara para ejercer sus derechos.
Ante esta situación, se ha formulado un pliego de preguntas a la Junta de Castilla y León, solicitando aclaraciones sobre:
-
Implantación de un sistema electrónico de seguimiento de expedientes.
-
Motivos concretos del atasco en solicitudes y recursos.
-
Datos objetivos sobre número de solicitudes, resoluciones favorables o desfavorables, inadmisiones y recursos interpuestos.
-
Identificación de las unidades administrativas responsables de la tramitación.
-
Posibles afectaciones a las garantías procedimentales: derecho a conocer el estado del trámite, identificar autoridades responsables, recibir resolución motivada y notificación válida.
-
Medidas de refuerzo y mejora previstas.
Asimismo, se anuncia la próxima presentación de una queja formal ante el Procurador del Común de Castilla y León, institución a la que los ciudadanos pueden acudir de forma gratuita para reivindicar sus derechos frente a la administración inactiva.
Para impulsar una respuesta colectiva, los afectados también promueven la creación de una plataforma ciudadana, con el objetivo de sumar sinergias y defender los derechos y garantías de todas las personas afectadas.
Esta comunicación se dirige tanto a la Junta de Castilla y León como a los medios de comunicación y las formaciones políticas de las Cortes autonómicas, con el fin de obtener información, contraste de datos y posibles soluciones a los retrasos que afectan a miles de familias en la Comunidad.
