El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado este miércoles en las Cortes de Castilla y León el límite de gasto no financiero para 2026, que asciende a 14.183,28 millones de euros, la cifra más alta aprobada hasta la fecha en la Comunidad. Este techo de gasto representa un incremento del 5,14% respecto a 2025, lo que supone 692 millones de euros más para el próximo ejercicio.
Durante su intervención, Fernández Carriedo subrayó que este acuerdo se adopta “en un contexto de incertidumbre y falta de definición por parte del Gobierno de España”, ya que aún no se han fijado los objetivos de estabilidad presupuestaria ni de deuda para las comunidades autónomas. Ante esta situación, la Junta ha tomado como referencia el déficit del 0,1% del PIB regional comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en julio de 2024.
El consejero explicó que el techo de gasto se sustenta en los ingresos no financieros previstos por la Comunidad —14.122 millones de euros—, a los que se suman 82,8 millones procedentes del objetivo de déficit y se restan 21,7 millones por ajustes de Contabilidad Nacional.
Fernández Carriedo defendió que el marco presupuestario de 2026 parte de un escenario macroeconómico realista, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima un crecimiento económico del 2,2% para el próximo año, tras una revisión al alza del 2,8% para 2025. Además, prevé que la tasa de paro se reduzca al 8% y que el empleo aumente un 1,8% en términos de puestos equivalentes a tiempo completo.
En materia de endeudamiento, el titular de Economía señaló que la ratio deuda/PIB podría situarse por debajo del 18,5% al cierre de 2026, manteniéndose 2,2 puntos por debajo de la media autonómica, según los últimos datos del Banco de España. Carriedo reiteró la oposición de la Junta a la Ley de condonación de la deuda autonómica, que calificó de “medida hecha a medida de los partidos separatistas”, y reclamó de nuevo la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014.
El consejero defendió que el límite de gasto sienta las bases del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026, con tres objetivos prioritarios: garantizar unos servicios públicos de calidad, fomentar el crecimiento económico y el empleo, y reforzar el compromiso con el medio rural.
Entre las novedades que contempla el presupuesto figuran el incremento del bono nacimiento, la ampliación del bono infantil, ayudas a mayores para adaptar sus viviendas, un nuevo bono para autónomos, la bonificación de peajes, el refuerzo de la lucha contra incendios, nuevos planes para la ganadería extensiva y el ovino, la iluminación de cascos históricos y un aumento del 80% en las partidas destinadas a vivienda.
Asimismo, el techo de gasto permitirá mantener políticas clave como la educación gratuita de 0 a 16 años, el autobús gratuito con la tarjeta Buscyl y la red de diez helicópteros medicalizados —uno por provincia más el Bierzo—, ejemplos, según Carriedo, del compromiso de la Junta con los servicios públicos y la cohesión territorial.
