La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha, a partir de este mes de agosto, una nueva campaña de vigilancia y control destinada a proteger los derechos de los consumidores en el alquiler de vivienda habitual. La iniciativa, que se desarrollará en todas las provincias de la comunidad hasta octubre, busca garantizar que los inquilinos reciban una información veraz, clara y suficiente, con el fin de evitar prácticas abusivas en los contratos de arrendamiento.
La campaña se centrará en los recientes cambios legislativos que afectan los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización de los contratos de alquiler de viviendas. Según la nueva normativa, estos gastos deben ser asumidos por el arrendador y no por el arrendatario. Por tanto, las agencias inmobiliarias tienen prohibido cobrar a los inquilinos por la gestión o formalización de los contratos si estos buscan alquilar una vivienda destinada a residencia habitual.
Aunque las agencias pueden cobrar ciertos gastos adicionales por servicios específicos, estos deberán ser solicitados expresamente por el consumidor, estar debidamente justificados y documentados, y no deben incluir cláusulas abusivas ni prácticas comerciales desleales.
La Inspección de Consumo de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía llevará a cabo las actuaciones de control, que incluirán la revisión de la documentación de las agencias inmobiliarias. Los inspectores verificarán aspectos como las comunicaciones comerciales, la publicidad, los contratos de intermediación, los contratos de reserva, los contratos de servicios adicionales y las facturas, con especial atención a los gastos de gestión y formalización que puedan ser imputados al consumidor.
De forma puntual, las inspecciones también se realizarán de manera sorpresiva, sin que el inspector revele su condición, para poder obtener información sobre posibles irregularidades en el proceso de alquiler. Durante las inspecciones, se requerirá a las agencias inmobiliarias al menos los últimos diez expedientes de alquiler de viviendas en los que hayan intervenido.
El objetivo principal de esta campaña es proteger el derecho a la información veraz y completa de los consumidores, al mismo tiempo que se vela por sus legítimos intereses económicos, especialmente en lo que respecta al alquiler de viviendas destinadas a su residencia habitual. No obstante, los servicios relacionados con otros tipos de arrendamientos, que cuentan con una regulación diferente, no serán objeto de control.
