CSIF urge al PP a desbloquear la Ley de Agentes Medioambientales de Castilla y León

El sindicato reclama la convocatoria inmediata de la ponencia para que la norma se apruebe en esta legislatura y cumpla la ley estatal

 

Agentes Medioambientales en una operación de rescate. Fotografía: Apamacyl
photo_camera Agentes Medioambientales en una operación de rescate. Fotografía: Apamacyl

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado al Partido Popular a no retrasar ni entorpecer la tramitación de la Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León y a convocar la ponencia parlamentaria para su debate y aprobación. El sindicato advierte al Ejecutivo autonómico de que “todavía tiene la oportunidad de cumplir con la ley básica estatal de agentes forestales y medioambientales”.

Representantes de los agentes medioambientales de CSIF se han concentrado este miércoles a las puertas de las Cortes de Castilla y León, coincidiendo con lo que inicialmente iba a ser el último Pleno de la legislatura, con el objetivo de mantener un encuentro con el grupo parlamentario popular. Sin embargo, no han logrado ser atendidos, pese a haber solicitado una reunión el pasado 4 de diciembre, hace ya casi quince días.

CSIF reclama al PP que facilite la tramitación de la ley y convoque la ponencia una vez finalice el plazo de presentación de enmiendas, el próximo 23 de diciembre, con el fin de que la norma pueda aprobarse en esta legislatura a través de la Diputación Permanente. El sindicato asegura que todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han comprometido a no presentar enmiendas.

La Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales fue tomada en consideración por las Cortes el pasado 26 de noviembre. La iniciativa, registrada en mayo por el grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! con la colaboración de CSIF, inició entonces su tramitación parlamentaria.

Desde CSIF defienden que se trata de una “buena ley” que refuerza el trabajo de los agentes medioambientales, mejora su formación y establece una estructura adecuada a las necesidades del servicio público de protección del medio ambiente. La propuesta cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo el Partido Popular, que aún no ha fijado una posición clara.

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