Continúa en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio por la conocida “trama eólica”, el mayor procedimiento judicial por corrupción relacionado con la gestión de energías renovables en Castilla y León. El proceso, iniciado el 15 de septiembre, se prolongará hasta el 18 de enero de 2026.
Ecologistas en Acción Castilla y León ejerce la acusación popular, defendiendo el interés general, el territorio y una transición energética justa y transparente. Para la organización, el juicio no solo se centra en actuaciones individuales, sino que destapa un modelo estructural de control y bloqueo del desarrollo eólico en la región.
Investigados y contexto
El procedimiento se centra en altos cargos de la Junta de Castilla y León, con especial atención al exviceconsejero de Economía y principal acusado, Rafael Delgado. La acusación sostiene que se condicionaron autorizaciones de parques eólicos a intereses privados, ignorando criterios técnicos, ambientales y legales.
Según Ecologistas en Acción, este modelo, desarrollado durante los gobiernos autonómicos del Partido Popular, convirtió la energía eólica en un espacio de favores, presiones y beneficios económicos, en perjuicio de lo público.
En fases previas, algunos empresarios inicialmente encausados fueron retirados de la causa, dejando el foco en las responsabilidades políticas, administrativas y penales de los principales decisores.
Presiones, amenazas y socios impuestos
Durante las primeras sesiones, varios testigos –exdirectivos del Ente Regional de la Energía (EREN), responsables territoriales de Industria y técnicos de la Administración– describieron un patrón común:
-Socios locales impuestos: proyectos bloqueados si no se incorporaban determinados socios ajenos a los promotores originales.
-Clima de intimidación: un exjefe de Industria relató que Delgado le indicó que era mejor “callar” ante denegaciones de proyectos.
-Sistemas informales de “semáforos”: priorización o bloqueo de expedientes al margen de la normativa.
-Beneficios económicos privados: empresarios elegidos por la Consejería adquirían participaciones a bajo costo y las revendían con grandes márgenes una vez aprobados los parques.
-Veto a participación extranjera: se bloqueaban proyectos que no aceptaban condiciones impuestas desde la Administración, con advertencias sobre posibles consecuencias personales o profesionales.
Defensa y contradicciones
Rafael Delgado negó presiones o irregularidades, atribuyendo las denegaciones a problemas de solvencia financiera y responsabilizando a otros responsables políticos, incluido el fallecido vicepresidente y consejero de Economía Tomás Villanueva Rodríguez.
Su abogado, Jesús Rodríguez Recio, ofreció explicaciones contradictorias sobre operaciones financieras y estructuras societarias en el extranjero, negando que actuara como testaferro pese a evidencias documentales.
Un caso estructural
Ecologistas en Acción insiste en que no se trata de comportamientos aislados, sino de un modelo de corrupción institucionalizado que mercantilizó el territorio, frenó el desarrollo ordenado de energías renovables y benefició a intereses privados.
Luis Oviedo, abogado y portavoz de la organización, declaró que “la energía eólica, fundamental frente a la emergencia climática, ha sido instrumentalizada, dañando gravemente la credibilidad de las políticas públicas y el derecho de la ciudadanía a una transición energética justa y democrática. Continuaremos ejerciendo la acusación popular para esclarecer todas las responsabilidades políticas y penales y para que este juicio marque un punto de inflexión en la gestión de renovables en Castilla y León”.
Listado de los principales acusados
-Rafael Delgado Núñez: exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, identificado como principal acusado en el juicio por presunta corrupción y otras irregularidades en la tramitación de parques eólicos. La Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa.
-Jesús Rodríguez Recio: abogado señalado como supuesto testaferro de Delgado.
-Alberto Esgueva Gutiérrez: empresario, exconsejero delegado de ADE Internacional Excal y uno de los acusados que presuntamente se benefició económicamente de la trama. Además, fue absuelto del juicio de La Perla Negra.
-Francisco Esgueva Gutiérrez: hermano de Alberto Esgueva y también acusado en el juicio. Condenado en el juicio de La Perla Negra.
-Germán José Martín Giraldo: empresario acusado en el caso. Condenado en el juicio de La Perla Negra.
-Andrés Martín de Paz: implicado, exdirector general de Deportes de la Junta, implicado también por ser cofundador de Villardefrades Eólica.
-Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente: hermanos acusados vinculados a la empresa constructora Collosa.
-Ricardo Bravo Sayas: empresario imputado de Ibercyl, filial de Iberdrola.
-Rafael Icaza de la Sota: acusado de Ibercyl, filial de Iberdrola.
-Pedro Barriuso Otaola: acusado de Biovent.
