En una reunión reciente entre la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias, se ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por el aumento de los ataques de lobo en la región durante el año 2023. Los datos revelan un récord alarmante, con más de 5.500 cabezas de ganado muertas certificadas por estos ataques, lo que representa un 9% más que en 2022 y un 30% más que en 2021.
El ganado ovino es el más afectado, representando el 40% de las cabezas muertas, con Zamora y Segovia como las provincias más perjudicadas. Este incremento de daños ha generado un importe total de indemnizaciones de 3,45 millones de euros en 2023, destinados tanto a pagos compensatorios como a responsabilidad patrimonial.
La situación ha llevado a la Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias a instar a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a derogar la orden que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021. Además, solicitan un retorno al diálogo para flexibilizar la gestión del lobo, asegurando su conservación en un estado favorable.
El respaldo a esta postura llega desde Europa, donde se ha reconocido la preocupación por los daños del lobo en distintos sectores. La Comisión Europea ha abierto un periodo de consultas, respaldando la necesidad de revisar la protección del lobo. Esto respalda la postura de la Junta de Castilla y León y cuestiona la decisión del Gobierno español de catalogar al lobo como especie de estricta protección sin un mandato claro de la Unión Europea.
