ASEMFO ha celebrado que las Cortes de Castilla y León hayan frenado la convalidación de los dos decretos promovidos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en materia del operativo de incendios. La asociación llevaba alertando desde septiembre de 2025 de que esta normativa carecía de respaldo técnico, nacía a golpe de incendio y evidenciaba una preocupante improvisación en la gestión forestal.
Los decretos, apoyados únicamente por el Partido Popular y dos procuradores no adscritos, fueron elaborados sin diálogo con los sectores implicados, sin memoria económica y sin rigor profesional. Desde ASEMFO consideran incomprensible que se legisle en plena emergencia y sin tener en cuenta la experiencia de las empresas forestales, que llevan más de tres décadas trabajando sobre el terreno.
Pese a haber solicitado hasta cinco reuniones con el presidente de la Junta, la asociación asegura haber sido completamente ignorada. “Se ha ninguneado a las empresas forestales que conocen el operativo mejor que nadie. La oposición lo ha dejado claro: no ha existido ningún proceso real de diálogo con los sectores implicados”, lamentan desde la entidad. A su juicio, Mañueco ha tomado decisiones unilaterales, sin informes, sin escuchar a los profesionales y sin obtener resultados.
ASEMFO recuerda que Castilla y León cuenta con un operativo público-privado ejemplar, valorado por su eficiencia e innovación. En este modelo, las empresas forestales realizan el 75% de los trabajos de prevención y participan en un 30% del operativo de extinción, cifras que, según la asociación, desmontan cualquier intento de cuestionar su eficacia. Las decisiones adoptadas por la Junta, advierten, ponen en riesgo la continuidad de cientos de empresas, miles de empleos rurales y la capacidad de respuesta frente a los incendios.
La asociación subraya, además, que el Decreto 1 implicaba un incremento desorbitado del gasto público y fue elaborado sin la obligatoria memoria económica, un requisito que el Tribunal Supremo ha reforzado en su sentencia 1198/2025. A esto se suma un hecho especialmente grave: la Junta mantiene impagos a las empresas forestales desde junio de 2025. “Si anuncian incrementos presupuestarios, pero no cumplen con los pagos ya comprometidos, ¿de dónde pretenden sacar el dinero? ¿De recortes en Sanidad, Educación o Servicios Sociales?”, cuestionan.
Desde ASEMFO reiteran su total disposición al diálogo urgente y esperan que el presidente Mañueco rectifique. “Queremos mejorar el operativo, no desmantelarlo. Un modelo exclusivamente público no garantiza más eficacia ni mejor servicio y pondría en riesgo un sistema consolidado, profesional y plenamente operativo”, concluyen.
