El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Miguel Hernández, denunció este miércoles en el Pleno de las Cortes que Mañueco ha buscado “engañar” a la sociedad y a los profesionales con la presentación de un decreto con una supuesta mejora de las condiciones laborales del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla y León.
De hecho, la mayoría del Parlamento dio la espalda a la convalidación del Decreto 1/2025 de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal del servicio de la administración de la Comunidad de Castilla y León.
Hernández subrayó en su intervención que el decreto que el PP ha traído a las Cortes “cuenta con el rechazo de la totalidad de los sindicatos representantes de los profesionales tanto de funcionarios como personal laboral” del Operativo.
El portavoz socialista recordó las numerosas iniciativas en la materia presentadas en las Cortes, pero siempre rechazadas por el PP. “La presión social por una parte y las carencias del Operativo que se evidenciaron durante los graves incendios de Navalacruz en 2021 y la Sierra de la Culebra en 2022 por otra, obligaron a la Junta de Castilla y León” a mejorar en parte las condiciones de los profesionales.
Pero, añadió, el Gobierno de Mañueco creyó que “estas medidas serían suficientes para callar no solo las reivindicaciones de estos últimos si no también mejorar la lucha contra los incendios como así nos vendieron tras las campañas de los años 2023 y 2024”.
“Y ahora nos encontramos con la evidencia de que aquellas medidas fueron insuficientes” y “un parche” a los problemas del Operativo, sostuvo Hernández, quien subrayó que el decreto “sigue siendo otro parche que no pone soluciones justas, equitativas y proporcionales acordes a la realidad en la prevención y extinción de incendios en nuestra Comunidad”.
Denunció “la falta de negociación real con una imposición por decreto alegando la extraordinaria y urgente necesidad de aprobarlo por las concurrencias de circunstancias derivadas de los incendios, algo que no se hubiera dado si desde el gobierno de la Junta hubieran aprobado las iniciativas que llevamos años reivindicando desde el grupo parlamentario socialista”.
Apuntó a la “negligencia y la ineficacia” en la gestión de los incendios desde la consejería de Quiñones, y a “las prisas para lavar su imagen con un texto que como indican los sindicatos se ha gestado sin un diálogo real con los trabajadores”. “No puede haber reforma estructural legítima si no se acuerda con los protagonistas a los que va dirigida”, precisó el dirigente socialista.
Hernández aseguró que “no se puede engañar confundiendo a la opinión pública con la terminología de ‘empleados públicos’ con ‘profesionales del sector público’. Las empresas del sector público son entidades que se rigen por la normativa del derecho privado y, por tanto, sus trabajadores no son empleados públicos estando fuera del ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público y donde entre otras cuestiones son contratados sin las premisas de igualdad, mérito y capacidad”.
“Este decreto no supone una transformación real del operativo, sino una puesta en escena mediática para aparentar que se da una respuesta ambiciosa cuando las mejoras son solo cosméticas”, advirtió Hernández.
“Esta modificación no aumenta ni los efectivos del operativo ni aclara que los servicios sean netamente públicos cuestiones ambas que sí podrían servir para mejorar la lucha contra los incendios y aminorar sus efectos”, concluyó el portavoz socialista.
De hecho, la mayoría del Parlamento dio la espalda a la convalidación del Decreto 1/2025 de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal del servicio de la administración de la Comunidad de Castilla y León.
Hernández subrayó en su intervención que el decreto que el PP ha traído a las Cortes “cuenta con el rechazo de la totalidad de los sindicatos representantes de los profesionales tanto de funcionarios como personal laboral” del Operativo.
El portavoz socialista recordó las numerosas iniciativas en la materia presentadas en las Cortes, pero siempre rechazadas por el PP. “La presión social por una parte y las carencias del Operativo que se evidenciaron durante los graves incendios de Navalacruz en 2021 y la Sierra de la Culebra en 2022 por otra, obligaron a la Junta de Castilla y León” a mejorar en parte las condiciones de los profesionales.
Pero, añadió, el Gobierno de Mañueco creyó que “estas medidas serían suficientes para callar no solo las reivindicaciones de estos últimos si no también mejorar la lucha contra los incendios como así nos vendieron tras las campañas de los años 2023 y 2024”.
“Y ahora nos encontramos con la evidencia de que aquellas medidas fueron insuficientes” y “un parche” a los problemas del Operativo, sostuvo Hernández, quien subrayó que el decreto “sigue siendo otro parche que no pone soluciones justas, equitativas y proporcionales acordes a la realidad en la prevención y extinción de incendios en nuestra Comunidad”.
Denunció “la falta de negociación real con una imposición por decreto alegando la extraordinaria y urgente necesidad de aprobarlo por las concurrencias de circunstancias derivadas de los incendios, algo que no se hubiera dado si desde el gobierno de la Junta hubieran aprobado las iniciativas que llevamos años reivindicando desde el grupo parlamentario socialista”.
Apuntó a la “negligencia y la ineficacia” en la gestión de los incendios desde la consejería de Quiñones, y a “las prisas para lavar su imagen con un texto que como indican los sindicatos se ha gestado sin un diálogo real con los trabajadores”. “No puede haber reforma estructural legítima si no se acuerda con los protagonistas a los que va dirigida”, precisó el dirigente socialista.
Hernández aseguró que “no se puede engañar confundiendo a la opinión pública con la terminología de ‘empleados públicos’ con ‘profesionales del sector público’. Las empresas del sector público son entidades que se rigen por la normativa del derecho privado y, por tanto, sus trabajadores no son empleados públicos estando fuera del ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público y donde entre otras cuestiones son contratados sin las premisas de igualdad, mérito y capacidad”.
“Este decreto no supone una transformación real del operativo, sino una puesta en escena mediática para aparentar que se da una respuesta ambiciosa cuando las mejoras son solo cosméticas”, advirtió Hernández.
“Esta modificación no aumenta ni los efectivos del operativo ni aclara que los servicios sean netamente públicos cuestiones ambas que sí podrían servir para mejorar la lucha contra los incendios y aminorar sus efectos”, concluyó el portavoz socialista.
