La Junta de Castilla y León lamenta la decisión adoptada este miércoles por las Cortes en relación con el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Su no convalidación hace imposible la puesta en marcha de las medidas previstas en la norma, afectando a la modernización y a la mejora de la estructura y el funcionamiento del operativo público de prevención y extinción de incendios forestales.
El Decreto-Ley que este miércoles ha decaído contemplaba medidas como la fijeza de los puestos fijos discontinuos durante todo el año. La norma también preveía la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y los complementos retributivos asociados, que no podrán entrar en vigor, así como la progresiva implantación de un operativo 100 % público, y la calificación de bombero forestal con sus correspondientes beneficios salariales y sociales para los empleados públicos del operativo: medidas que, a partir de ahora, quedan sin un horizonte de aplicación definido.
De esta manera, las Cortes de Castilla y León rechazan un decreto-ley que mejoraba las condiciones de alrededor de 2.200 puestos de trabajo, que preveía inversiones por valor de unos 20 millones de euros en dichas mejoras laborales, y que, además, daba cumplimiento a dos leyes básicas estatales: la Ley de Agentes Forestales y Medioambientales, y la Ley de Bomberos Forestales, ambas de 2024.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que “la no convalidación del Decreto-Ley afecta no solo a las condiciones laborales de los profesionales del operativo, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias que comprometen la seguridad del medio natural, y cada una de las partes implicadas deberá asumir las responsabilidades que le correspondan en este escenario”.
El Gobierno autonómico reitera su compromiso con un modelo profesionalizado y moderno, y continuará trabajando para que las medidas que requieren rango legal puedan retomarse en el futuro, en el marco normativo adecuado y con los apoyos parlamentarios necesarios.
