La concejala de Pueblos con Futuro en Manzanal de Arriba (Zamora) ha denunciado que el consistorio lleva casi 6 meses sin convocar un pleno ordinario, superando el plazo fijado por los estatutos municipales. La edil considera que esta situación vulnera el derecho de los concejales a ejercer labores de control y fiscalización, y ha solicitado además la nulidad del último pleno extraordinario, al entender que se aprobaron acuerdos con posible conflicto de intereses y falta de información previa
La concejala del grupo Pueblos con Futuro en el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba ha denunciado públicamente la falta de convocatoria de plenos ordinarios en el Consistorio y ha solicitado la nulidad del último pleno extraordinario, al considerar que se han vulnerado derechos básicos de participación política de los concejales.
Según expone, han pasado ya casi seis meses desde la celebración del último pleno ordinario, lo que supondría sobrepasar al menos en un mes el límite legal fijado por los propios estatutos municipales. A su juicio, esta situación implica una vulneración del derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos públicos, especialmente en lo relativo a la fiscalización y control de la acción de gobierno.
La concejala sostiene además que, ante este tipo de incumplimientos, el secretario municipal debería advertir a la alcaldía de la obligación de convocar las sesiones ordinarias conforme a la periodicidad establecida y, en caso de no hacerlo, dejar constancia de la irregularidad mediante diligencia.
Críticas al uso de plenos extraordinarios
Para la representante de Pueblos con Futuro, la situación se agrava porque los plenos ordinarios estarían siendo sustituidos por plenos extraordinarios, sesiones en las que no existe turno de ruegos y preguntas. A su entender, esta práctica limita el control político de la oposición y “pervierte el sentido democrático de la institución municipal”.
La edil relaciona además el retraso en la convocatoria de sesiones ordinarias con la respuesta pendiente del alcalde sobre el bar “El Lobo Feroz”, un asunto que, según indica, afecta a vecinos que han tenido que acudir a los tribunales para recuperar sus derechos. A su juicio, el retraso en los plenos podría estar alargando la retirada de la prohibición de ejercer actividad empresarial en ese establecimiento.
Recurso para anular dos acuerdos del último pleno
La concejala ha presentado también un recurso de oficio solicitando la nulidad del último pleno extraordinario, centrado en dos acuerdos aprobados durante la sesión.
El primero se refiere a la adjudicación directa a la asociación Duero-Douro para la instalación de placas solares en tejados públicos con capacidad de almacenamiento, dentro de un programa financiado con fondos europeos. Según la edil, la beneficiaria final de la actuación sería la empresa EfiDuero, donde trabaja como interventor el secretario del propio ayuntamiento.
Para la concejala, esta situación podría constituir un conflicto de intereses, además de plantear dudas sobre la compatibilidad entre el cargo público y la actividad empresarial.
Asimismo, cuestiona el modelo elegido para gestionar la ayuda europea, ya que —según denuncia— el ayuntamiento solo recibiría el 20% de la energía producida, mientras que podría percibir el 100% si tramitara directamente la subvención. En el pleno, el secretario argumentó que no se solicitó la ayuda por esa vía por falta de tiempo.
Facturas de analíticas de agua fuera de presupuesto
El segundo acuerdo cuya nulidad se solicita corresponde al pago de varias facturas fuera de presupuesto relacionadas con analíticas de agua. La concejala sostiene que no existe información suficiente sobre el contenido del servicio prestado ni sobre si los importes se ajustan a los precios de mercado, lo que, a su juicio, impide valorar la legalidad del gasto.
Denuncia por falta de acceso a la información
Además, la edil ha trasladado a la Comisión de Transparencia de Castilla y León su denuncia por la falta reiterada de acceso a la documentación previa a los plenos.
Como ejemplo, señala que la concesión de tejados públicos para la instalación de placas solares se incluyó dentro de un punto del orden del día relativo a la cesión de locales a asociaciones sin ánimo de lucro, lo que, según afirma, impidió conocer con claridad el alcance real de la decisión que se iba a adoptar en la sesión.
