l propietario del establecimiento El Lobo Feroz, ubicado en Manzanal de Arriba, ha acusado al alcalde y al secretario municipal de intentar prolongar de forma indefinida la orden de cese de actividad dictada en octubre de 2025, una resolución que, según sostiene, continúa vigente pese a que la actividad fue inscrita posteriormente en Turismo de Castilla y León a su nombre.
Según expone el afectado, no es la primera vez que el Ayuntamiento emite resoluciones de este tipo. En ocasiones anteriores, estas actuaciones habrían provocado la retirada de la inscripción turística del establecimiento por parte de la Junta de Castilla y León y el cese de la actividad desarrollada por los inquilinos que explotaban el negocio.
No obstante, el propietario considera que la situación actual reviste una mayor gravedad, ya que el local permanece cerrado y no puede desarrollar ninguna actividad económica en él. Asegura además que, transcurridos más de ocho meses desde la emisión de la orden municipal, no se ha aportado ningún informe técnico que motive o avale la medida adoptada.
Ante esta situación, el dueño del establecimiento ha solicitado formalmente al Ayuntamiento el levantamiento inmediato de la suspensión de la actividad. En su escrito argumenta que no existen en la actualidad deficiencias técnicas acreditadas ni informes desfavorables que justifiquen el mantenimiento de la medida, al tiempo que invoca la existencia de un procedimiento penal relacionado con el caso.
Por su parte, Julio Fernández, coordinador de Ecologistas en Acción de Zamora, considera que los hechos podrían responder a una situación de "persecución política" y "acoso institucional". Según señala, resulta difícil entender que el alcalde y el secretario municipal, que se encuentran investigados judicialmente por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental relacionados con este asunto, se hayan opuesto a que el establecimiento pueda reabrir de manera cautelar mientras se resuelve el procedimiento penal.
Fernández también alude a la existencia de testimonios que apuntarían a supuestas actuaciones realizadas en el ámbito de la Diputación Provincial de Zamora para intentar modificar el sentido de determinados informes administrativos. De confirmarse estos extremos, añade, quedarían acreditadas conductas orientadas a perjudicar la continuidad de la actividad empresarial. Asimismo, denuncia la remisión de numerosos escritos a distintas consejerías de la Junta de Castilla y León cuestionando la legalidad del establecimiento.
El propietario mantiene que actualmente no existe impedimento legal ni técnico para reanudar la actividad, ya sea mediante explotación directa o a través del arrendamiento del negocio. A su juicio, la única limitación es una resolución administrativa que, afirma, carece de respaldo técnico suficiente. Por ello, reclama al alcalde y al secretario que rectifiquen su posición para que el establecimiento pueda recuperar la normalidad cuanto antes.
El dueño del local también recuerda los actos vandálicos sufridos por el establecimiento en los últimos años, que interpreta como amenazas dirigidas tanto contra él como contra su familia. Del mismo modo, denuncia daños a su honor derivados de declaraciones públicas que considera difamatorias, entre ellas afirmaciones sobre que pretende "vivir del cuento", que la licencia municipal fue concedida "de aquella manera" por un familiar que ejercía como alcalde hace más de dos décadas o que su objetivo es generar conflictos permanentes mediante denuncias.
Según sostiene, estas manifestaciones están causando un perjuicio a la imagen del negocio y a su reputación personal. Además, considera que algunas de las actuaciones denunciadas podrían vulnerar la normativa de protección de datos y ser objeto de futuras acciones legales.
