Zamora se beneficiará del nuevo contrato eléctrico de la Junta que unifica el suministro en 2.428 instalaciones públicas

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo Acuerdo Marco para la contratación centralizada del suministro eléctrico en 2.428 instalaciones públicas de Castilla y León, con una inversión estimada de 83,8 millones de euros. La medida permitirá mejorar precios, automatizar la gestión y avanzar en eficiencia energética.

 

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La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo paso hacia la eficiencia energética y la optimización de recursos con la aprobación de un Acuerdo Marco que unifica el suministro eléctrico en 2.428 instalaciones públicas, por un importe estimado de 83.761.393 euros. Así lo ha autorizado el Consejo de Gobierno en su reunión de este 29 de mayo, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.

Este nuevo contrato centralizado, que entrará en vigor en marzo de 2026 y se extenderá hasta agosto de 2027, supondrá un aumento del 13,5 % en el número de puntos de consumo respecto al acuerdo actual. Permitirá establecer un único proveedor, un precio único durante toda la vigencia y la automatización completa del proceso de contratación, lo que facilitará una gestión más eficiente y una mejor planificación del consumo eléctrico.

Entre las entidades beneficiarias de esta medida se encuentran todos los órganos de la Administración autonómica, así como las diputaciones, ayuntamientos y universidades que se han adherido: la Diputación de Valladolid, los ayuntamientos de Zamora y León, y las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. También estarán incluidas la Fundación Siglo, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, la Fundación Santa Bárbara, el SERLA y el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), entre otros.

El nuevo acuerdo sustituirá al vigente hasta febrero de 2026, que ya permitió una racionalización del suministro con importantes mejoras en calidad y eficiencia. Con este tercer Acuerdo Marco, la Junta busca consolidar un modelo de contratación energética centralizado que garantice mejores condiciones económicas y operativas para los organismos públicos de la Comunidad.

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