La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha situado la dirección de los centros educativos en el centro del debate político al plantear la creación de un Estatuto de la Función Directiva que regule y refuerce el papel de quienes gestionan los institutos. La propuesta surge tras la reunión mantenida en Zamora entre representantes del partido y la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria (Adicale).
En el encuentro participaron los candidatos a las Cortes por la formación leonesista en Zamora y Salamanca, Alfonso Martínez y Carlos Javier Salgado, junto a la secretaria de Educación del partido, Seila Fernández, quienes escucharon de primera mano el diagnóstico de la asociación sobre la situación que atraviesan los equipos directivos.
Desde la formación regionalista señalaron haber recibido con “preocupación” la situación descrita por los responsables de los centros educativos, marcada —según indicaron— por una “extrema fatiga” en los equipos directivos. A su juicio, la Administración autonómica mantiene a quienes dirigen los institutos en un “vacío jurídico y profesional” que desincentiva asumir estas responsabilidades pese a que se trate de figuras clave para el funcionamiento del sistema educativo.
La “extrema fatiga” de los directores
Durante la reunión, el presidente de Adicale, Ezequiel Álvarez, trasladó a los representantes políticos la situación que viven muchos directores de institutos. Según expuso, pese a que la Administración los define como piezas fundamentales del sistema educativo, no existe un marco jurídico y profesional claro que incentive asumir la dirección de los centros.
En ese sentido, desde UPL señalaron compartir el diagnóstico de la asociación y defendieron que la dirección escolar debe evolucionar desde un modelo centrado en la gestión burocrática hacia un liderazgo pedagógico real que permita mejorar el funcionamiento de los centros y la calidad educativa.
Una Comisión Permanente de Directores
Entre las propuestas asumidas por el partido destaca la creación de una Comisión Permanente de Directores, un órgano consultivo reglamentado similar a los existentes en otras comunidades autónomas.
La idea es que este organismo permita canalizar de forma estable la participación de los directores en la toma de decisiones educativas, evitando que se limiten a recibir instrucciones de la Consejería una vez aprobadas las normas. Según explicó la formación, la comisión serviría para incorporar la experiencia de los responsables de los centros en la elaboración de las políticas educativas antes de su aplicación.
Un Estatuto de la Función Directiva
La segunda propuesta que UPL se compromete a impulsar es un Estatuto de la Función Directiva, una regulación específica que ordene el papel de quienes dirigen los centros educativos y mejore sus condiciones laborales.
El planteamiento se estructura en varios ejes. El primero es la desburocratización, con el objetivo de reducir el peso de las tareas administrativas y modernizar los sistemas de gestión para que los directores puedan centrarse en la coordinación pedagógica.
Otro de los pilares sería la profesionalización e incentivos. Desde el partido consideran que la dirección de un centro debe convertirse en una opción de carrera atractiva y reconocida, lo que implicaría revisar retribuciones, horarios y condiciones laborales para evitar que el cargo sea percibido como una carga añadida.
La propuesta incluye además una revisión del sistema de evaluación docente, planteando que esta función recaiga en el cuerpo de inspección educativa para evitar que los directores se vean situados en posiciones de conflicto con el profesorado de sus propios centros.
Desde la formación leonesista subrayan que el funcionamiento del sistema educativo no puede depender únicamente del voluntarismo de los equipos directivos, especialmente en territorios con fuerte presencia rural como la Región Leonesa, donde consideran que la estabilidad y el liderazgo en los centros resulta clave para garantizar la calidad de la enseñanza.
