La Unión de Zamora y UCCL Zamora han lamentado el bajo coste de los productos del campo a los agricultores y ganaderos mientras que, en los supermercados, se venden a los consumidores y a un precio desorbitado.
“Los precios han subido, pero lo cierto es que los costes de producción, lo que nos pagan y lo que venden los supermercados, no tienen nada que ver”, ha declarado Antonio Rodríguez, presidente de La Unión de Zamora-UCCL Zamora.
Rodríguez ha explicado que el objetivo de este tipo de convocatorias, como la que se ha realizado esta misma jornada es para que “los consumidores aprendan que, los que se llevan los beneficios, no son los que cultivamos”.
De igual modo, han querido hacer una muestra con productos y precios del supermercado Mercadona. Sin embargo, han apuntillado que “no hay productos españoles; las lentejas son de Canadá, las patatas de Israel y la harina de Portugal. Estamos comparando precios compitiendo con países que no son el nuestro, el problema es peor de lo que nos están vendiendo”.
Y es que, según ha explicado “el consumidor paga costes mayores porque no hay competencia libre, son las empresas las que marcan los precios en el mercado”.
“En el campo, la patata la cobran a 0,17 euros y el consumidor paga un euro y pico, algo pasa aquí, además por un producto que ni siquiera es español”, ha argumentado haciendo hincapié en que “hay que ver si los productos cumplen con toda la gestión fitosanitaria que nos piden a nosotros; sabemos que llegan a las estanterías y los almacenes de los supermercados, pero no la trazabilidad. Exigimos una competencia leal, no decimos que no se importen productos si se necesitan. Por ejemplo, España era un gran exportador de aceite de girasol hace años, competimos con países y se empezó a traer girasol más barato y de peor calidad. Y, de la noche a la mañana, en menos de 20 días de guerra, ya no existe el aceite de girasol, ¿es que los supermercados estaban almacenando el aceite y lo han sacado en pequeñas cantidades para conseguir un beneficio doble al que había?”.
Con todo ello, ha solicitado una ley de la cadena alimentaria “que funcione, no que se hable, que ponga un carácter sancionador si se incumple algo, que no quede en palabras escritas”.
