La Junta de Castilla y León "renuncia a conseguir que los fondos culturales de Caja España reviertan en la ciudadanía". Así de contundente se mostró la procuradora de Podemos, elegida por la provincia de Zamora, María José Rodríguez Tobal.
La representante en las Cortes Regionales explica que, para el Director Regional de Patrimonio, Javier Sáez, "la cultura no es prioritaria y esto queda reflejado cuando desde el Gobierno Autonómico se asegura que recuperar esos fondos supondría una inversión que no sería conveniente y les resultaría difícil de justificar. Obviamente, de justificar no ante la ciudadanía, sino ante el poder y los intereses que sirven".
Según declaró Rodríguez Tobal, "el director concluyó que Caja España, a través de su Fundación Cultural, se queda como dueña de todo y que con ella seguirán intentando propiciar acuerdos. Nos dijo también, que tratará de actuarse sobre los bienes ligados a su origen o con vinculación directa a los lugares, lo cual no es muy clarificador". Y añade que, esta posición de la Junta, "nos alerta sobre dudosos u ocultos intereses y la percepción indudable de una falta de voluntad clara de fijar estos bienes culturales a nuestra Comunidad".
La procuradora de Podemos se muestra tajante en su conclusión, "si se pierde la memoria o a Caja España no le da la gana, tenemos absolutamente todo perdido. Los fondos no saldrán de España pero difícilmente los conservaremos en nuestra comunidad porque, probablemente, terminarán vendiéndose al mejor postor y con ello la ciudadanía castellana y leonesa será expropiada de su propio patrimonio cultural".
En este punto, no pasa por alto recordar que, "15 de los 17 miembros del Consejo de Administración de la entidad financiera están pendientes de declarar como imputados, entre ellos, el vicesecretario de Organización 2 del PP y presidente de este partido en Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, y algunos otros representantes del PP y PSOE en diferentes instituciones".
En otro orden de cuestiones, Rodríguez Tobal, anunció que ha formulado una pregunta por escrito a la Consejería de Presidencia para saber cuántos puestos de libre designación han sido adjudicados en 2015 por la Junta de Castilla y León. En concreto, solicita el número total de designaciones por Consejerías y Organismos autónomos y la relación individualizada y especificada. " tenemos que poner de manifiesto y enfrentarnos al abuso escandaloso y fraudulento de la figura de libre designación, que es la pieza clave de la politización de la Administración Autonómica en Castilla y León, amiguismo, falta de capacitación, sueldos abusivos y prácticas corruptas están a menudo detrás de estos puestos", matizó Rodríguez Tobal.
