Izquierda Unida y la Asociación Derecho a Morir Dignamente organizaron ayer una charla coloquio titulada "Disponibilidad de la propia vida" que impartió Luis Montes, Presidente Federal de DMD, y que presentó María Eugenia Cabezas, concejala de IU en el Ayuntamiento de Zamora.
Tras la presentación y la exposición por parte del ponente, se abrió un turno de palabras que dio lugar a un amplio debate entre los asistentes, profundizando en términos como eutanasia activa, suicidio asistido, testamento vital, cuidados paliativos, etc.
Luis Montes es Licenciado en Medicina y especialista en Anestesia y Reanimación. Ha sido director médico del Hospital La Paz de Madrid, Jefe del Servicio de Reanimación del Hospital Severo Ochoa de Madrid, y coordinador del Servicio de Urgencias de ese mismo centro. La asociación DMD nace a finales de 1983 a raíz de una carta al director publicada en el diario El País, en la que su autor, Miguel A. Lerma. Tras la misiva, unas 200 personas se pusieron en contacto entre sí y crearon la asociación DMD. En noviembre de 1984 el Ministerio del Interior denegó su inscripción alegando que sus fines contravenían el Código de Deontología Médica, incurriendo en el delito de inducción al suicidio.
La asociación recurrió la decisión, aduciendo que el código deontológico sólo afecta a un determinado colectivo profesional, careciendo de carácter normativo, y que de los fines no cabía deducir que la DMD prestase ayuda material para el suicidio. Además se organizó una recogida de firma entre personalidades conocidas de distintos ámbitos profesionales, y otras asociaciones pro derecho a una muerte digna de otros países, que apoyaron a DMD y criticaron la decisión del gobierno español. Finalmente, el Ministerio del Interior inscribió a DMD el 13 de diciembre de 1984, legalizando un movimiento ciudadano de respeto a la libertad del individuo al final de su vida.
Entre los fines de la asociación DMD se pueden destacar: promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla y defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso. En los últimos 30 años, tan solo se han dado algunos tímidos cambios en este sentido.
En 1986 la Ley General de Sanidad reconoce explícitamente el derecho del paciente a negarse a un tratamiento, requiriendo su consentimiento para cualquier tipo de intervención, en 1995 el nuevo Código Penal suaviza las penas por suicidio asistido y eutanasia, el 12 de enero de 1998 el tetrapléjico Ramón Sanpedro, tras solicitar ayuda para morir en los tribunales, se suicida con ayuda de otra persona, acontecimiento que por su repercusión mediática supone un hito para la eutanasia en España y en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente profundiza en los derechos individuales regulando el testamento vital, denominado documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas.
Hay que destacar también que según encuestas realizadas por el CIS alrededor del 80% de los españoles están a favor de una muerte digna. Por todo ello, se hace necesario mantener y ampliar este debate y modificar el ordenamiento jurídico para profundizar en su regulación
