IU considera que la propuesta de Código Penal, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre de 2013, representa una clara agresión a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978. Derechos como el de manifestación, reunión, expresión u opinión.. Por ello la coalicción pide a los ciudadanos que se manifiesten el 20 N en contra del nuevo código penal.
El grupo político considera que "derechos como el de manifestación, reunión, expresión u opinión quedan amputados por un proyecto de Ley que tiene como finalidad controlar y reprimir a una buena parte de la sociedad que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por este gobierno y ni con las terribles consecuencias sociales de paro, pobreza y pérdida de servicios públicos que se están perpetrando: servicios como la sanidad, la educación o las ayudas sociales por la dependencia, están siendo privatizados o eliminados directamente, con la consiguiente indignación de los españoles y españolas, cada vez más dispuestos a pedir en la calle lo que les niegan sus gobiernos en las instituciones".
Así como, Izquierda Unida cree que se pretende "criminalizar la protesta activa", ya que consideran que "poner en marcha un código penal represivo como este es más propio de dictaduras que de regímenes democráticos". IU sentencia explicando que es un código "autoritario para reprimir al adversario social y político; un código que abandona el objetivo constitucional de la reinserción; el código de un Estado penal y policial como alternativa autoritaria ante el desmantelamiento del Estado social y el consiguiente incremento del conflicto".
IU hace un llamamiento a la ciudadanía para manifestarse en contra del proyecto de Código Penal aprobado en el Consejo de Ministros el viernes 20 de septiembre de 2013. Instar al Gobierno central a que retire el proyecto e inicie un debate público, transparente y plural, con el resto de fuerzas políticas y sectores sociales que se puedan ver afectados por la modificación del actual Código Penal. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los agentes sociales, asociaciones y colectivos afectados.
