El PSOE de Zamora propone un pacto municipal por la vivienda entre todos los partidos políticos que componen el Ayuntamiento para evitar que se vuelvan a producir situaciones “como la que hemos vivido en los últimos días con la familia que iba a ser desahuciada el pasado lunes”. Entre las propuestas presentadas por Mar Rominguera, diputada nacional, y David Gago, portavoz socialista en el Consistorio, destaca la creación de un servicio habitacional de emergencia municipal para “dotar de una vivienda a familias que estén en situación de extrema necesidad mientras esperan que la Junta les facilite un alquiler social”.
Para ello, presentarán en el Ayuntamiento una medida que contemple una partida presupuestaria para “adecentar los 12 pisos vacíos que se encuentran en la Avenida Galicia”, verbalizó Gago.
La propuesta socialista llega después de que el Ayuntamiento se pronunciase este pasado jueves sobre el caso de la familia monoparental, compuesta por una mujer víctima de violencia de género y sus dos hijos menores, que logró el pasado lunes que se prorrogara por cuarta vez su desahucio por impago de la renta durante más de 8 meses al carecer de medios económicos para ello.
El Consistorio indicó ayer, en respuesta a las muchas críticas vertidas desde PAH Zamora -que incluso llegó a pedir la dimisión del alcalde Francisco Guarido-, que la paralización del lanzamiento responde a la actuación de los servicios sociales municipales y “no a la presión social en la calle”, una declaración que es un misil directo a la línea de flotación de la PAH y las diferentes movilizaciones realizadas estas dos últimas semanas.
Ahora, el PSOE no desperdicia la ocasión y coge el rebufo de esta polémica (que ya ha trascendido en el debate social de la calle) para posicionarse en favor de PAH Zamora y cargar contra la gestión del Ayuntamiento: “Queremos trasladar nuestro agradecimiento al trabajo realizado desde la PAH, ya que sin esa presión social hubiera sido imposible paralizar el desalojo de esta familia en situación de vulnerabilidad; igualmente, queremos reconocer la labor ejercida por los trabajadores de los CEAS municipales, que han hecho un grandísimo trabajo dentro de sus competencias”.
Asimismo, Mar Rominguera señaló que la gestión realizada por las administraciones, en especial por el Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, fue “insuficiente” y “no garantizó los derechos constitucionales que tanto arrendador como arrendatario tienen”. “Ahora el alcalde nos contará en su Facebook que la culpa no es suya, que es de otro, pero lo que deben hacer es tomarse en serio la ley y darle cumplimiento, la misma que obliga a las instituciones a ofrecer una alternativa habitacional a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social”, añadió la diputada nacional.
En este sentido, el PSOE considera que el compromiso de abonar el primer mes de alquiler de la nueva vivienda a la que accederá la familia el 2 de marzo (si bien es cierto que desde la PAH afirman que el compromiso es “por los primeros meses, al menos dos”) “es impropio de un equipo de Gobierno que presuntamente dicen defender a los más débiles”. Por ello, los responsables socialistas reclaman dos medidas:
Primera: la necesidad de un parque de vivienda social, competencia que le reconocen a la Junta de Castilla y León, a la que le exigen “cumplir sus compromisos”.
Segunda: Crear un servicio de emergencia habitacional municipal, dotándolo de una partida económica propia, para ofrecer alternativas a esas familias que se quedan en la calle mientras esperan un alquiler social de la Junta. Para ello, reclaman un pacto municipal entre todas las formaciones políticas para el arreglo de las “12 viviendas vacías, propiedad del Ayuntamiento, ubicadas en la Avenida Galicia”.
El PSOE dará más detalles de esta batería de propuestas a partir de la semana que viene, una vez que ya hayan iniciado los contactos con los movimientos sociales.
