El PSOE pide a Maíllo que derribe las taquillas del Ramos

Los diputados del Grupo Socialista han pedido públicamente al presidente Maíllo que evite a la Institución Provincial la "vergüenza" de que los vecinos afectados por la invasión de la zona de servidumbre por las taquillas del teatro Ramos Carrión tengan que pedir la ejecución de sentencia para conseguir que sean derribadas. Los socialistas han hecho estas manifestaciones tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia ha frenado la vía de los recursos al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la Administración General del Estado.

La portavoz del Grupo Socialista, Rosa Muñoz, ha recordado que hace ya un año que el Alto Tribunal reconoció los justos derechos de los vecinos de esta comunidad de propietarios que vio invadida por la construcción mencionada las luces y vistas del edificio, por lo que entiende que "ha habido tiempo más que suficiente para que se ejecutara una sentencia que era inevitable, y sobre todo si hacemos caso a las declaraciones del vicepresidente Barrio, que ha dicho que la decisión de acatar la sentencia judicial haya sido o no ahora favorable, estaba ya tomada".

Además, subraya Muñoz que tanto Barrios como el propio presidente así se lo hicieron saber a los diputados socialista hace meses en una comisión, por lo que no entiende la demora. Según Muñoz, "lo que deben hacer ahora es ejecutarla de una vez, que dejen de marear la perdiz y que procedan, porque ya han dado muchos pasos en este proceso". Para la portavoz socialista, "está muy bien que Maíllo y sus diputados vayan a Fitur para promocionar la provincia y sus riquezas, que son muchas, pero los representantes políticos tienen que estar a las duras y a las maduras, no solo para las buenas noticias y para hacerse la foto, también hay que asumir con responsabilidad lo más desagradable".

Como ya dijeran hace un año, los socialistas se alegran de que los vecinos hayan visto que sus reivindicaciones no han sido en vano y de que se vea, por tanto, que los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración, pero lamentan que se haya tenido que llegar al extremo de tener que derribar una parte del edificio a causa del empeño del presidente en seguir adelante con lo que claramente era una ilegalidad, tal y como el Grupo Socialista le advirtió en numerosas ocasiones en los plenos celebrados en la pasada legislatura.

Además, Muñoz cree que lo ocurrido con todo este proceso debería servir al presidente Maíllo para darse cuenta de que no puede gobernar de forma unilateral, menospreciando los derechos y las opiniones de los ciudadanos, porque, como ha señalado, "parece que se le olvida que está donde está para hacer un servicio público"

Muñoz se pregunta quién va a asumir ahora la responsabilidad política de haber tomado una decisión errónea y recuerda que el coste de demolición va a suponer a la Diputación el desembolso de unos 250.000 euros, los cuales se podrían haber empleado en cubrir algunas de las necesidades básicas de muchos pueblos que aún están pendientes de afrontar por parte de la Institución Provincial.

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