La brecha entre los cuidadores del entorno familiar y la Administración autonómica vuelve a hacerse visible en Castilla y León. La asociación AZACUEFA ha protagonizado su quinta concentración para denunciar lo que considera un trato desigual y una falta de respuesta efectiva por parte de la Junta, especialmente en cuestiones básicas como la concesión de camas articuladas, solicitadas —aseguran— desde hace más de año y medio sin resolución favorable.
Los testimonios trasladan una realidad marcada por la sobrecarga física y emocional. José Luis, cuidador de su esposa con grado 3 de dependencia, describe el desgaste de una atención permanente: “Uno de los días del fin de semana se porta más o menos bien y el otro es infernal… acabamos un poco locos”. Reclama que la Administración cubra el “vacío del fin de semana”, ya que los servicios profesionales no garantizan atención continuada en sábados y domingos.
Desde el colectivo, su presidenta Julia Alejo, subrayan la contradicción entre el discurso institucional que promueve la permanencia en el domicilio y la ausencia de medios técnicos suficientes para hacerlo viable. La negativa a facilitar camas articuladas ha generado incluso reacciones de sorpresa en foros especializados, como la conferencia sobre Geriatría celebrada ayer en La Alhóndiga, donde —según relatan— varios ponentes expresaron su indignación ante la situación. “No pedimos privilegios, pedimos lo mismo que cualquier otro dependiente”, insisten.
El argumento económico refuerza su reivindicación. En el caso del grado 3, la prestación por cuidados en el entorno familiar ronda los 470 euros mensuales, frente a los 1.200 euros que puede alcanzar una prestación vinculada a un servicio profesional por apenas tres horas diarias. “Nos dicen que quitamos puestos de trabajo, pero estamos cubriendo 24 horas sin sueldo”, sostiene Julia Alejo, también cuidador, quien defiende que la experiencia diaria y continuada es, en sí misma, profesionalidad.
En la provincia de Zamora, según los datos aportados por la asociación, alrededor de 500 cuidadores están dados de alta en la Seguridad Social, mientras que cerca de 3.500 no lo están, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno tanto en el ámbito urbano como en el medio rural.
El colectivo cuestiona además el modelo de gestión de la dependencia en la comunidad autónoma. Recuerdan que la ley es de ámbito estatal y debería garantizar la igualdad de derechos, aunque su aplicación dependa de cada territorio. Señalan como referencia el modelo de Euskadi, donde —según explican— las ayudas se conceden directamente a las familias, con mecanismos de control posterior para justificar el gasto en beneficio de la persona dependiente.
Desde AZACUEFA reclaman una reunión con la Consejería para trasladar de primera mano la problemática. “No queremos ser números. Queremos que se escuche a quienes cuidamos y a quienes son cuidados”, afirman, reivindicando que la decisión sobre quién, cómo y dónde recibir atención debe recaer en la persona dependiente y no quedar supeditada exclusivamente a criterios administrativos.
