El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado la licitación para la revisión integral del Plan Especial del Conjunto Histórico, un documento urbanístico que lleva más de dos décadas en vigor y que el equipo de gobierno considera actualmente desfasado respecto a las necesidades reales de la ciudad.
La actuación, dotada con un presupuesto de 242.000 euros, pone en marcha un proceso técnico que se prolongará durante 25 meses y que pretende redefinir el modelo urbanístico del casco antiguo con un objetivo claro: recuperar población, actividad económica y vitalidad para el centro histórico de Zamora.
Durante una comparecencia conjunta, el alcalde, Francisco Guarido, el concejal de Obras, Pablo Novo, y la concejala de Urbanismo, Ana González, defendieron la necesidad de actualizar un plan aprobado en el año 2000 que, a su juicio, ha acabado generando una normativa demasiado rígida, dificultando la rehabilitación de viviendas, la implantación de nuevos negocios y la adaptación del tejido urbano a las exigencias actuales.
La revisión se sustentará en una idea fundamental: transformar el planeamiento urbanístico en una herramienta de desarrollo y no en un obstáculo para la recuperación del casco histórico. Para ello, el nuevo documento mantendrá la protección patrimonial, pero incorporará mayor flexibilidad en cuestiones como las alturas de los edificios, la agrupación de parcelas, los usos del suelo, la accesibilidad o la mejora de la eficiencia energética.
La modificación del PECH se perfila como uno de los cambios urbanísticos más relevantes en Zamora en las últimas décadas, al plantear una revisión profunda del modelo de gestión del Conjunto Histórico con el objetivo de agilizar trámites, facilitar la rehabilitación y reactivar el centro de la ciudad.
Una vez aprobado el nuevo documento, el Ayuntamiento podrá autorizar directamente la mayor parte de las intervenciones urbanísticas en el casco histórico, lo que permitirá, según la concejala responsable, reducir los tiempos de espera para ciudadanos y empresas. Únicamente quedarán fuera de esta agilización las actuaciones en entornos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), que seguirán requiriendo control específico.
El calendario de trabajo prevé una duración aproximada de dos años, con una primera versión del documento en torno a los 15 meses y una fase posterior de ocho meses adicionales hasta la redacción definitiva. A ello se sumarán los trámites de exposición pública y la evaluación por parte de la Junta de Castilla y León, lo que ampliará el proceso hasta la aprobación final.
El contrato que ahora sale a licitación establece un plazo máximo de cuatro años, que incluye no solo la redacción del plan, sino también el asesoramiento técnico y el seguimiento tras su aprobación definitiva. Las empresas que opten a su redacción deberán contar con un equipo pluridisciplinar, integrado por profesionales de Arquitectura, Arqueología, Ciencias Ambientales, Derecho y Sociología, dada la complejidad del ámbito de actuación.
Durante todo el proceso de elaboración se prevé la creación de mesas sectoriales, talleres de trabajo y canales digitales de participación ciudadana, con el objetivo de incorporar aportaciones sociales y técnicas a la modificación del PECH y abrir el debate sobre el futuro del Conjunto Histórico.
Además, el plan deberá adaptarse a la normativa de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y revisar los distintos niveles de protección existentes. El Ayuntamiento apuesta especialmente por simplificar las intervenciones en inmuebles con grados de protección más bajos, facilitando la rehabilitación residencial y favoreciendo la recuperación de edificios actualmente infrautilizados o vacíos.
Otro de los cambios relevantes afectará a la gestión de las licencias urbanísticas. La intención municipal es que, una vez aprobado el nuevo planeamiento, la mayor parte de las actuaciones puedan ser autorizadas directamente por el Ayuntamiento, limitando la intervención de la Comisión Territorial de Patrimonio a los entornos de los Bienes de Interés Cultural (BIC), lo que permitiría agilizar los trámites administrativos.
El proceso de revisión ha contado ya con una fase previa de participación en la que han intervenido colegios profesionales, colectivos sociales y agentes económicos, a través de mesas sectoriales, consultas técnicas y mecanismos de participación ciudadana. El objetivo es incorporar al nuevo documento propuestas vinculadas a los principales retos del casco histórico, como la vivienda, el comercio, la movilidad, la accesibilidad y la revitalización urbana.
