A pesar del compromiso inicial del presidente Mañueco y la Consejería de Agricultura, las ayudas prometidas para los afectados de la campaña pasada solo beneficiaron a los ganaderos con casos oficiales reportados entre el 25 de agosto y el 16 de octubre de 2023. Desde entonces, no se ha recibido información adicional sobre medidas para el resto de los afectados, dejando a muchas explotaciones sin apoyo crucial.
Los recientes brotes de EHE en Sanabria, Zamora, así como en Burgos, Soria y León, han exacerbado la crisis. Lo que parecía ser una enfermedad que desaparecería con el frío invernal se ha transformado en un problema persistente que amenaza con devastar aún más a la cabaña ganadera. La Alianza UPA-COAG subraya que las advertencias previas sobre los riesgos de esta enfermedad se están materializando, evidenciando la falta de medidas preventivas y de control adecuadas por parte de las autoridades.
El colectivo ganadero se pregunta sobre el cumplimiento de las promesas hechas por la Administración regional, que incluyeron una nueva orden de ayudas para los afectados fuera del período especificado en la Orden del 2023. La falta de seguimiento y respuesta a esta demanda ha generado gran preocupación entre los ganaderos, que enfrentan pérdidas significativas debido a la enfermedad.
Además, la Alianza UPA-COAG ha solicitado urgentemente a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que implementen un plan integral para el control de la EHE. Este plan debería incluir la provisión de vacunas, apoyo para la desinfección de animales y compensaciones económicas para los ganaderos afectados por muertes, abortos y animales improductivos. Los costos asociados con el tratamiento y la prevención de EHE son significativos, con pérdidas que pueden variar entre 900 y 1.500 euros por cada vaca fallecida, y gastos adicionales de hasta 2.000 euros para tratamientos y desinfectantes en una explotación de tamaño medio.
La Alianza UPA-COAG enfatiza la urgencia de priorizar el sector ganadero por encima de las vacaciones de verano de los responsables políticos y reclama una planificación inmediata de medidas preventivas y ayudas directas. Asimismo, se hace un llamado al Ministerio de Agricultura para liberar con prontitud los 15 millones de euros prometidos, que deberían ser destinados a la vacunación, desinfección de explotaciones y compensación por los daños sufridos.
La situación actual pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones ganaderas en Castilla y León, y la respuesta rápida de las autoridades es crucial para mitigar el impacto de esta devastadora enfermedad.
