Los ganaderos de la provincia de Zamora viven en un estado constante de preocupación por los ataques de lobos, que han aumentado considerablemente en los últimos meses, afectando especialmente a las comarcas de Sayago, Aliste y Sanabria. La Alianza UPA-COAG ha alzado la voz para exigir al Consejero de Medio Ambiente una respuesta inmediata y eficaz ante una problemática que se repite "día sí, día también" en las explotaciones.
Desde la organización agraria denuncian que las indemnizaciones no son una solución real al problema, y piden al Ministerio la modificación inmediata del nivel de protección del lobo. Aseguran que la actual normativa está sirviendo de excusa para que la Junta de Castilla y León no tome ninguna medida, a pesar del elevado número de ataques que sufren los ganaderos diariamente.
La Alianza UPA-COAG advierte que, si no se adoptan medidas urgentes, convocarán movilizaciones en las zonas más afectadas. Denuncian que el sector ganadero está pagando las consecuencias de la confrontación entre la Consejería y el Ministerio en la gestión del lobo, ya que la expansión de las manadas está suponiendo un grave perjuicio para las explotaciones ganaderas.
El sector se siente totalmente desprotegido. Ni el aumento de medidas de seguridad, como la estabulación del ganado, la vigilancia constante o la incorporación de perros protectores, han servido para frenar los ataques. Los lobos, cada vez más asentados en el territorio, han encontrado en los rebaños su principal fuente de alimento.
La organización agraria lamenta que, en los últimos años, no se haya ejercido ningún tipo de control sobre las manadas de lobos, ni siquiera para desplazarlas a sus zonas tradicionales tras episodios como los incendios forestales. Este descontrol ha permitido una expansión sin precedentes, perjudicando gravemente la ganadería extensiva, una actividad clave en la economía de la provincia.
Además, critican que el sistema de indemnizaciones no es eficaz. En muchos casos, los pagos llegan con retraso o ni siquiera se activan porque los agentes medioambientales no encuentran restos del ganado atacado o consideran que no hay pruebas suficientes. A esto se suma el malestar de los ganaderos, que ven cómo se cuestiona constantemente la autoría de los ataques.
La Alianza UPA-COAG también pone en duda la utilidad de los numerosos estudios y proyectos financiados con dinero público sobre el lobo, ya que aseguran que no han aportado soluciones efectivas a la problemática. Consideran que esos recursos deberían destinarse a medidas concretas que ayuden realmente a los ganaderos.
Ante esta situación, la organización insiste en que el Ministerio debe modificar el nivel de protección del lobo de manera urgente. Al mismo tiempo, exigen que la Junta actúe de inmediato con medidas efectivas, como el ahuyentamiento de las manadas en zonas conflictivas y el control selectivo de los ejemplares que causan daños recurrentes, en sintonía con la normativa nacional y comunitaria.
Si no se toman estas medidas en el menor plazo posible, la Alianza UPA-COAG anuncia movilizaciones y protestas, ya que la indignación y el hartazgo del sector ganadero han llegado a su límite.
