La situación del operativo antiincendios en la provincia de Zamora vuelve a situarse en el centro de la controversia política tras la denuncia de los procuradores zamoranos Iñaki Gómez y Javier García, del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, que acusan a la Junta de Castilla y León de mantener varias bases sin helicópteros operativos en plena temporada de máximo riesgo de incendios.
Según esta denuncia, las bases de Rosinos de la Requejada, Villaralbo y Villardeciervos no contarían en estos momentos con medios aéreos desplegados, una circunstancia especialmente sensible en un contexto de temperaturas extremas, vegetación seca y elevada probabilidad de incendios forestales en toda la provincia.
El foco de la crítica se centra en la eficacia real del dispositivo en tierra y aire, con una pregunta que sobrevuela el debate: dónde están los helicópteros asignados al operativo antiincendios en Zamora en plena campaña de máximo riesgo.
A esta situación se suma otra carencia señalada por los procuradores: la falta de personal para las carrocetas y cuadrillas de intervención terrestre, lo que, según advierten, limita de forma importante la capacidad de respuesta inmediata en los primeros minutos de un incendio, una fase clave para evitar su propagación.
Los procuradores enmarcan esta situación dentro de un problema estructural del modelo de prevención forestal en la comunidad y reclama explicaciones sobre la planificación del operativo, la disponibilidad real de medios y la cobertura efectiva de las bases durante toda la campaña estival.
El debate se produce además en un contexto especialmente sensible para la provincia, aún marcado por el recuerdo de los grandes incendios registrados en años anteriores, con especial impacto en zonas de alto valor ecológico y social, y con una creciente preocupación por la capacidad de respuesta ante emergencias en condiciones extremas.
El PSOE insiste en la necesidad de transparencia sobre la organización del dispositivo, la dotación de personal y la operatividad de los medios aéreos, mientras Zamora afronta semanas críticas dentro de la denominada temporada alta de incendios. En ese contexto, los procuradores por Zamora han presentado un escrito a la mesa de las Cortes con una batería de preguntas sobre la situación de los medios aéreos, el personal operativo y la capacidad real de respuesta en la provincia tras los incendios de 2022.
La iniciativa parlamentaria se apoya en el precedente de los grandes incendios registrados en 2022, con especial impacto en la Sierra de la Culebra, donde se produjeron evacuaciones masivas, daños ambientales de gran alcance y una profunda afectación socioeconómica en la comarca. El texto recuerda que aquellos episodios obligaron a replantear el modelo de prevención y refuerzo de medios en la comunidad autónoma.
El escrito sitúa de nuevo el foco en la estructura del operativo INFOCAL en la provincia, subrayando el papel de las bases de medios aéreos como elemento clave para la intervención temprana ante conatos de incendio. En este sentido, se cuestiona la disponibilidad efectiva de los helicópteros asignados a Zamora en el inicio de la época de peligro alto, así como la posible falta de operatividad de parte de estos recursos.
La iniciativa recoge además las denuncias trasladadas por organizaciones sindicales sobre el estado del dispositivo, en particular las relativas a la supuesta falta de operatividad de los helicópteros y a las carencias de personal en distintos niveles del operativo forestal. Estas advertencias se vinculan a una posible merma de la capacidad de respuesta en un contexto meteorológico adverso.
El documento parlamentario también alude a las recientes declaraciones del director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta, que han generado debate al plantear la sostenibilidad de un modelo de prevención activa durante todo el año. Una posición que el Grupo Socialista cuestiona en el propio texto, situando el acento en las consecuencias de una reducción de medios en periodos de alto riesgo.
En su exposición, los procuradores subrayan que la experiencia acumulada en los últimos años en Zamora, especialmente tras los incendios de 2022 y otros episodios posteriores en zonas como el entorno de Sanabria o la Carballeda, exige —según el escrito— mantener un sistema estable de prevención, vigilancia y extinción durante los doce meses del año, sin depender exclusivamente de campañas estacionales.
El registro parlamentario solicita además datos concretos sobre la dotación actual de medios humanos, terrestres y aéreos en la provincia, así como el número de plazas vacantes existentes en cada uno de los dispositivos operativos. También se pide información comparativa respecto a la situación previa a los grandes incendios de 2022 y los episodios posteriores registrados en la provincia.
El conjunto de preguntas formuladas busca esclarecer el estado real del operativo forestal en Zamora, desde la operatividad de los helicópteros hasta la cobertura de personal, pasando por las medidas adoptadas para garantizar la respuesta inmediata ante emergencias en un verano marcado por el aumento de temperaturas y el riesgo extremo de incendios forestales.
