Desde este sábado, 7 de junio, las empresas en España tienen prohibido realizar llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Se trata de una nueva restricción incluida en el plan contra el fraude telefónico y por mensajería que impulsa el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La medida busca frenar tanto las prácticas intrusivas como las estafas que suplantan identidades o inducen al engaño a través de llamadas y mensajes. A partir de ahora, solo se podrán efectuar comunicaciones comerciales desde líneas específicamente habilitadas para este fin, como los números geográficos tradicionales o códigos reconocibles del tipo 800 y 900, que además serán gratuitos para quien las reciba.
Esta decisión refuerza la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2023, que ya prohibía las llamadas comerciales sin el consentimiento previo del usuario. Según datos del Ministerio, desde que en marzo comenzó la primera fase del plan antifraude, los operadores han bloqueado más de 14 millones de llamadas y mensajes no identificados como legítimos, con un promedio diario de más de 235.000 intentos de contacto sospechoso.
Además de vetar el uso de móviles para telemarketing, se activa otra medida clave: el bloqueo de llamadas y SMS procedentes del extranjero que imitan números nacionales. Esta técnica, habitual en fraudes originados en países como Reino Unido o Países Bajos, intenta generar confianza en la víctima simulando que la llamada proviene de una fuente local.
El despliegue técnico del plan ha estado liderado por Telefónica, que desde marzo ya aplica bloqueos proactivos a las comunicaciones internacionales que suplantan numeraciones españolas, salvo en situaciones legítimas como la itinerancia.
La estrategia del Gobierno incluye una hoja de ruta a largo plazo. En junio de 2026 está prevista la creación de una base de datos oficial gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde quedarán registrados los códigos alfanuméricos que identifican a las empresas y organismos públicos en sus mensajes SMS. El objetivo es facilitar la verificación del remitente y reducir los riesgos de suplantación.
