La tasa de residuos en Norte-Duero se adapta al tipo de inmueble y volumen de desechos

La ordenanza también contempla la posibilidad de servicios extraordinarios de recogida, que serán facturados al coste en caso de ser solicitados por los usuarios o requeridos por la presidencia de la mancomunidad por motivos de interés público
Centro de Tratamiento de residuos  Zamora imagen de la diputación, archivo
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La Mancomunidad Norte-Duero ha aprobado de forma definitiva la modificación del artículo 6 de su ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tras finalizar el periodo de exposición pública sin que se presentaran reclamaciones.

Este cambio en la normativa fiscal ha sido oficialmente publicado y afecta a la cuota tributaria anual que deberán abonar tanto particulares como negocios e industrias de los municipios integrados en la mancomunidad.

La nueva ordenanza establece una estructura de tarifas basada en la naturaleza del inmueble y la cantidad de residuos generados, con importes que van desde los 70 euros anuales para viviendas unifamiliares, hasta 4.747 euros al año para grandes establecimientos industriales con altos volúmenes de residuos (más de 30.000 kilogramos).

Entre las categorías destacan:

Bares y comercios sin empleados: 140 € al año.

Pequeñas industrias con hasta 1 empleado: 210 € al año.

Grandes establecimientos con más de 5 empleados y residuos superiores a 30.000 kg: 4.747 € anuales.

Estas cuotas tienen carácter irreducible y se aplicarán a todo inmueble que esté habitado, tenga alta en el servicio de aguas o haya sido registrado como obra nueva. Además, los titulares de una actividad económica que compartan el espacio con su vivienda pagarán una tasa por cada uso: una como domicilio y otra como negocio.

La ordenanza también contempla la posibilidad de servicios extraordinarios de recogida, que serán facturados al coste en caso de ser solicitados por los usuarios o requeridos por la presidencia de la mancomunidad por motivos de interés público.

Contra este acuerdo cabe la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de dos meses desde la publicación oficial del anuncio.

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