(UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León que adopte medidas para ayudar a los ayuntamientos a cumplir las obligaciones que les impone la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, al considerar que muchos municipios, especialmente los más pequeños, carecen de los medios necesarios para hacer frente a estas competencias.
Con este objetivo, la formación leonesista ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León, en las que insta al Ejecutivo autonómico a impulsar mecanismos que permitan prestar apoyo a las entidades locales en la gestión de animales extraviados o abandonados.
Entre las propuestas planteadas figura la creación de un órgano o servicio autonómico que se encargue de la recogida de animales abandonados y perdidos, su atención veterinaria, el alojamiento en centros de protección animal y el control poblacional no letal de la fauna urbana, funciones recogidas en el artículo 22 de la Ley de Bienestar Animal.
UPL pide que la Junta asuma estas funciones de forma subsidiaria
Desde UPL recuerdan que la propia legislación establece que, en ausencia de una regulación autonómica específica, estas responsabilidades corresponden a las administraciones locales, aunque también contempla que la comunidad autónoma pueda asumirlas de forma subsidiaria.
Por ello, los leonesistas consideran que la Junta debería ejercer esa posibilidad, argumentando que muchos ayuntamientos no disponen de medios personales, técnicos ni económicos suficientes para prestar servicios como la recogida urgente de animales o la atención veterinaria que exige la normativa estatal.
Además de solicitar una mayor implicación del Gobierno autonómico, UPL reclama que la Junta impulse una legislación específica en Castilla y León que permita trasladar parte de estas competencias a las diputaciones provinciales.
La formación recuerda que la propia Ley 7/2023 contempla que, si así lo establece la normativa autonómica, estas responsabilidades puedan ser asumidas por agrupaciones de municipios o diputaciones, una posibilidad que, a su juicio, facilitaría el cumplimiento de la ley y garantizaría una mejor protección de los animales.
"No se puede cargar a los ayuntamientos con funciones que no pueden asumir"
Según defiende UPL, el actual reparto de competencias supone una carga excesiva para los municipios de menor tamaño, que encuentran serias dificultades para disponer de servicios de urgencia para la recogida de animales abandonados, atención veterinaria o alojamiento en centros de protección animal.
Por ello, la formación considera que tanto la Junta de Castilla y León como las diputaciones provinciales deben asumir total o parcialmente estas funciones, ya que disponen de una mayor capacidad técnica y económica para garantizar el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.
En este sentido, los leonesistas sostienen que "no se puede cargar a los ayuntamientos con funciones que no pueden asumir por no contar con los medios necesarios", y defienden que sean administraciones con mayores recursos las que garanticen el cumplimiento de la normativa y la protección de los animales extraviados y abandonados.
