En este caso se trata de una querella por vía penal contra los dirigentes del Consorcio Provincial Bomberos de Zamora, el diputado Prieto Calderón máximo responsable del servicio, la gerente cuyo cargo ocupaba hasta hace escasas fechas Ana Mayor, el director técnico que actualmente sigue ejerciendo Oscar González a pesar de haber una sentencia firme del TS que ordena su cese, además de contra la empresa encargada de la instalación de las cámaras.
El origen de esta denuncia viene dado porque en el mes de noviembre de 2021 la gerente del Consorcio denuncio a varios trabajadores por supuestos daños contra las cámaras instaladas en los parques.
Después de más de un año de proceso judicial, la gerente decide retirar la denuncia, puesto que era más que evidente la carencia de pruebas o que los denunciados hubiesen cometido algún tipo de delito. Es a partir de las supuestas pruebas aportadas por la propia gerente en la denuncia, donde se aprecian lo que parecen numerosas irregularidades e ilegalidades tanto en la aprobación como en la puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.
"Nosotros creemos que ha habido un uso selectivo y persecutorio de las cámaras hacia este grupo con el objetivo de amedrentarnos, silenciarnos, vulnerar nuestros derechos laborales y reivindicativos. Consideramos que además las pruebas aportadas son irrefutables, pues como bien hemos dicho anteriormente, fueron aportadas por la gerente en su denuncia y ya han sido judicializadas. Después de hacer una valoración de las pruebas con nuestros servicios jurídicos, consideramos que hay claros indicios de delito en la instalación como en el uso de las cámaras, poner algunos ejemplos, estaríamos hablando delitos contra la intimidad de los trabajadores, falsedad documental, vulneración en la custodia de supuestas pruebas y que podrían acarrear penas de cárcel. Ahora toca esperar, nosotros creemos en la justicia y esperamos que desde la Fiscalía se hagan las pertinentes diligencias y se obre en consecuencia."
Esta querella abre un nuevo proceso de denuncias, está vez por la vía penal contra los dirigentes políticos de la diputación y del Consorcio de Bomberos de Zamora. A modo de anticipo de los siguientes procesos penales que darán continuidad a esta querella son entre otros, el último nombramiento del director técnico que hizo del presidente de la diputación sabiendo que había una sentencia del TS en firme que ordenaba su cese, entendemos que este nombramiento es un claro ejemplo de delito por prevaricación, al igual que la plaza de secretaria del consorcio, que no tiene cabida legal, según sentencia judicial firme y que se siguen manteniendo, ocupada actualmente por la candidata del PP por Benavente. También se interpondrán denuncias en el ámbito personal contra la vulneración de derechos que han sufrido algunos miembros de este grupo por parte de los dirigentes del Consorcio. Igualmente se está estudiando emprender acciones legales contra los 2 representantes sindicales de CSIF y el representante de CC. OO por numerosas causas que podrían ser imputables.
Son numerosos los integrantes de este grupo los que han sufrido expedientes, denuncias y procedimientos penales por parte de los dirigentes del Consorcio a lo largo de estos casi tres años de conflicto y que han acabado todos archivados, si a eso le sumamos el cúmulo de sentencias administrativas ganadas a través UGT por este grupo, es más que evidente la clase de incompetentes de dudosos principios y pocos escrúpulos que dirigen el Consorcio de bomberos, que despilfarran dinero público tratando de encubrir sus desmanes . También resulta lacerante quienes los han mantenido en sus cargos sin ningún tipo pudor, atendiendo únicamente a intereses políticos y cuya responsabilidad recae en el presidente de la diputación Francisco Requejo y el presidente del PP en Zamora J. M. Barrios.
Decir que, salvo honrosas excepciones, a lo largo de todo este conflicto, este colectivo se ha sentido huérfano de apoyos políticos y mediáticos.
Los bomberos del Consorcio añadían en la rueda de prensa que celebraron para dar a conocer sus nuevas acciones que siguen sin cumplirse por parte de la administración los preceptos que en la ley se expone, no teniendo por ejemplo la formación adecuada en el caso del vehículo que se ha comprado para las intervenciones en altura y que queda situado en el Parque de Rionegro, también mantienen que la necesidad de material es imperiosa y que las cuerdas de intervención en altura que dábamos en esta información como caducadas de forma milagrosa han re-aparecido unas nuevas en unas cajas de las que nada se sabe ya que no hay documentación al respecto de las mismas, un verdadero "poltergeist" uno más dentro de un cuerpo de bomberos que siguen sin entender el cúmulo de despropósitos de los mandos intermedios y políticos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora.
