La ley del voluntariado es muy clara:
Los voluntarios no podrán recibir ninguna contraprestación económica ni podrán ejercer funciones de puestos que debían ser cubiertos por profesionales, porque de esa manera se impide que éstos se creen.
Si se plantea el compensar esos trabajos, en este caso con evidente y descarado fraude tanto fiscal como laboral, es porque esa necesidad existe, así que la obligación de la Diputación es prestar el servicio y crear esas plazas y cubriéndolas mediante un proceso que garantice los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El sr. Prieto Calderón, presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de Zamora y el Sr Requejo Presidente Diputación de Zamora, son cómplices “mirando para otro lado” del Pleno de la Mancomunidad Tierras de Aliste al subvencionar con la cantidad de 110000 euros anuales y subiendo la cantidad anualmente, cuando su deber es cumplir las leyes y prestar el mejor servicio al ciudadano.
La RAE define la palabra incentivos como “estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos”. ¿Hay que suponer que el grupo de “voluntarios” lo son de la economía… sumergida?
Dar como incentivo 40 euros al día por estar disponible y si tienen intervenciones a 10 euros la hora como viene reflejado en el acta que ha hecho pública el PSOE, se aleja del altruismo que debe de caracterizar al voluntariado por ley.
Desde la Plataforma lo venimos denunciando desde hace años, pero debido a la opacidad y falta de transparencia de algunas administraciones es muy difícil de demostrar. PLATAFORMA
A este tipo de actores “que interpretan un papel principal sin estar autorizados a ello”, bien se les podría denominar VOLUNTARIOSOS, por su obstinación en hacer su voluntad por sí mismos en contra de lo que exhortan las Leyes (entre otras, la propia de voluntariado).
Apoyamos la denuncia en este caso interpuesta por el PSOE, pero igualmente la habríamos apoyado si la iniciativa la hubiera tenido el PP o cualquier otro partido. Exactamente igual.
Aprovechamos para recordar que se ha sentado jurisprudencia por el Tribunal Supremo mediante providencia que refuerza y hace firme la sentencia del TSJ CyL, que determina que en Castilla y León, los Cuerpos de Bomberos (SPEIS), son servicios esenciales y deben estar formados exclusivamente por bomberos profesionales, funcionarios y agentes de la autoridad.
Valladolid a 19 de noviembre de 2021
