El Grupo de Diputados Socialistas ha pedido públicamente al presidente de la Diputación que sea consecuente con sus propias declaraciones y que como vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pida al Gobierno que suspenda la aplicación de la Reforma Local, después de que el Consejo de Estado emitiese la semana pasada una dictamen amparando las tesis del Partido Socialistas, concretadas en los más de 3.000 recursos presentados contra la ley por parte de otros tantos municipios españoles, entre los que se encuentran ayuntamientos zamoranos.
Para los socialistas, como ha señalado su portavoz en la Diputación, Rosa Muñoz Santarén, "Maíllo ha reconocido las dificultades en la implantación de la ley y la consecuencia lógica y coherente de este reconocimiento es que se sume a lo que ahora pide el PSOE, que es exigir al Gobierno que paralice su aplicación" hasta que se produzca la sentencia del Tribunal Constitucional una vez que los socialistas presenten junto al resto de fuerzas políticas, tal y como han anunciado ya, un recurso, para el cual han sido habilitados con el dictamen del Consejo de Estado, que da vía libre a dar este paso dentro del proceso judicial. Una resolución que, a tenor del mencionado informe del órgano consultivo y según la opinión de los diputados socialistas, declarará inconstitucionales todos los aspectos básicos de la reforma impuesta por el PP, la cual ya viene causando estragos en los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía, así como a la democracia sobre las que están sustentadas sus capacidades.
No obstante, la portavoz de los diputados socialistas ha acusado a Martínez Maíllo de "utilizar información privilegiada para hacer declaraciones públicas", ya que esas manifestaciones las hizo precisamente un día antes de que se conociese públicamente el contenido del dictamen del Consejo de Estado, puesto que, como ha señalado Muñoz, "ha tenido antes muchas oportunidades para manifestarse en esa línea y no lo ha hecho". En este sentido la portavoz socialista ha recordado que el Grupo de Diputados a insistido no pocas veces en los plenos de la Diputación en las dificultades que tiene la aplicación de la ley y, sin embargo, según ha señalado, "el presidente se ha enrocado en sus argumentos de negar la evidencia que ahora él mismo ha reconocido al hablar de disfunciones".
