Afirman que usurpa las competencias de los pequeños municipios y supone una importante pérdida de puestos de trabajo
La Ley Montoro usurpa las competencias de los servicios sociales a los pequeños municipios y se queda con su patrimonio. Ese es el mensaje que desde la sede de Adeiza han lanzado esta tarde Carlos Pedrero (periodista, miembro del Frente Cívico) y el diputado provincial Antonio Juanes, quienes han criticado el contenido de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Para Pedrero, los borradores de la ley, han sido confeccionados "sin el diálogo y consenso previo con las Administraciones afectadas" y "tendrán un efecto devastador sobre las poblaciones y los territorios rurales".
Adeiza se ha adherido recientemente a la Plataforma en Defensa del Mundo Rural de Zamora. En este sentido, Antonio Juanes destacaba que la ley supone "un importante cambio en el panorama local de la provincia y el fin de la mayoría de nuestros municipios y del mundo rural, teniendo en cuenta que más de un 90 por ciento de municipios son de menos de quinientos habitantes".
Acompañado en la mesa por Juanes y por Luis Almena, Carlos Pedrero (periodista de la SER especializado en temas del mundo rural), abundó en los puntos ratificados en el manifiesto de la Plataforma en Defensa del Mundo Rural. Así, indicó que bajo la apariencia de ahorro, la ley sentencia en la práctica a los 6.802 municipios menores de 5.000 habitantes de los 8.116 existentes, y las 3.725 Entidades Locales Menores, 14 de ellas en la provincia de Zamora, pese a que la semana pasada el PP presentó en el Senado una enmienda para mantenerlas.
Sin embargo, nada se ha dicho de los Concejos Abiertos y Juntas Vecinales, "sentenciadas sin reparo alguno" y cuyas competencias pasarán a las Diputaciones Provinciales, lo que supone la pérdida de unos 200.000 empleos en el país, medidas con las que el Gobierno calcula un ahorro de 7.129
millones de euros.
Como consecuencia de este "expolio y expropiación encubierta" el patrimonio de todas estas entidades -muchas de ellas de origen medieval- los montes públicos, los bienes comunales, forestales, aguas, sus
potencialidades cinegéticas, micológicas y madereras serán administrados por las Diputaciones a través de Consorcios de Gestión que ya se están articulando en los entornos de las Grandes Empresas constructoras y de servicios "en busca exclusivamente del beneficio económico, ya que se trata de 4 millones de Hectáreas por las que el Gobierno calcula recaudar 21.000 millones de euros".
Además, la ley "cacía de competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 95% de nuestros entes municipales, para traspasarlas a las Diputaciones, mientras los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes podrán mantener algunos servicios mínimos de primera atención de emergencia social pero nunca los servicios de proximidad, prevención, promoción y sensibilización que afectan al 32% de la población, casi 15 millones de personas".
Para los ponentes, "el Proyecto de Ley es un ataque frontal contra la democracia municipal y el mundo rural", por lo que "no es de extrañar que prácticamente todo el arco parlamentario español, excepto el PP y sus partidos satélites, hayan ya anunciado los respectivos recursos ante el Tribunal Constitucional e incluso al Tribunal de Estrasburgo".
Con independencia de las acciones políticas, no se descartan actuaciones ciudadanas en rechazo de la Ley Montoro.
