Han pasado ya seis meses desde que una DANA transformó el 29 de octubre de 2024 en uno de los días más oscuros de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. Aquel episodio de lluvias torrenciales dejó tras de sí un balance devastador: 228 vidas perdidas, miles de viviendas destruidas, casi un centenar de municipios anegados y un tejido económico duramente golpeado. Medio año después, la herida sigue abierta, tanto en el paisaje como en la vida cotidiana de los damnificados, mientras la recuperación avanza al ritmo lento de la burocracia.
El esfuerzo institucional ha sido colosal en cifras, con cerca de 6.000 millones de euros movilizados por las distintas administraciones —estatal, autonómica, provincial y local— para recomponer unas infraestructuras básicas que quedaron seriamente dañadas. Sin embargo, persiste una crítica de fondo: esa inversión no ha incorporado, en su mayoría, criterios de adaptación al cambio climático. La amenaza de nuevos eventos extremos no parece haber cambiado todavía la manera de reconstruir.
En la zona cero, más de 300.000 personas siguen pendientes de ayudas. El goteo de solicitudes —375 al día, según datos oficiales— evidencia una lentitud que muchas familias consideran insoportable. El drama de quienes lo perdieron todo se mezcla ahora con la frustración de sentirse abandonados. En los polígonos industriales afectados, la actividad ha regresado a duras penas, mientras empresarios y trabajadores aguardan la reparación de sistemas esenciales como el alcantarillado o las estaciones depuradoras.
Pero más allá de la reconstrucción física, la tragedia ha abierto también una profunda investigación judicial que mantiene en vilo a la política valenciana. La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha puesto el foco en las posibles negligencias institucionales que pudieron haber costado vidas. La instrucción señala como uno de los elementos clave el retraso en el aviso de emergencia, emitido a las 20:11 horas, cuando muchas de las víctimas ya se encontraban atrapadas o expuestas. La frase recogida en el auto del 17 de febrero resume la gravedad: “Los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”.
Ya han sido imputados la exconsellera Salomé Pradas y su segundo, Emilio Argüeso, mientras el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha evitado declarar por su condición de aforado. Su paradero durante las horas críticas del desastre continúa siendo una incógnita, y su silencio sigue lastrando la imagen de su ejecutivo, más volcado en la defensa jurídica que en el liderazgo de la recuperación.
La causa judicial continúa sumando declaraciones relevantes —desde alcaldes de los municipios más afectados hasta altos cargos de emergencias y de la Confederación Hidrográfica del Júcar—, en paralelo a una creciente movilización social. Este lunes se ha celebrado ya la séptima protesta ciudadana contra la gestión del Consell, mientras la cumbre del Partido Popular Europeo prevista en València amenaza con convertirse en un nuevo escenario de desgaste político para Mazón y el liderazgo nacional de Alberto Núñez Feijóo.
En contraste con la lentitud de las instituciones, la sociedad civil ha demostrado, desde el primer momento, una capacidad de respuesta ejemplar. Voluntarios, asociaciones, vecinos y empresas tejieron en los días posteriores a la DANA una red de solidaridad que todavía hoy mantiene en pie a muchas familias. Ese espíritu de unidad, que parece haberse diluido con el paso de los meses, es quizá la clave que falta recuperar para que la reconstrucción no sea solo una cuestión de ladrillos, sino también de dignidad.
