La Policía Nacional comienza a portar cámaras unipersonales para grabar sus intervenciones

Las imágenes podrán ser utilizadas por un juez en caso de que incluyan imágenes o audio en el que se puedan constatar hechos constitutivos de infracciones penales y no podrán ser activadas en domicilios particulares salvo autorización expresa o conocimiento de que se este cometiendo un delito 
Cuerpo Nacional de Policía.
photo_camera Cuerpo Nacional de Policía.

Los agentes de la Policía Nacional comenzarán a portar desde este lunes los dispositivos de grabación unipersonal (DGU), unas pequeñas cámaras que permitirán grabar las intervenciones que realicen durante sus salidas e intervenciones pero que contarán con una serie de limitaciones en espacios particulares. Así, no se permitirá su uso en el interior de domicilios particulares, pero sí en vías públicas. 

En concreto serán los agentes de Seguridad Ciudadana los que comiencen a portar estos dispositivos que ya se están repartiendo entre las unidades de toda España, si bien por el momento no han llegado a la totalidad de los destinos. 

Los dispositivos permitirán grabar audio y vídeo pero contarán con excepciones en domicilios particulares, donde no está permitida como norma general su uso salvo consentimiento expreso del titular de los derechos afectados, resolución judicial o para la prevención de delitos o infracciones administrativas consideradas muy graves o graves previstas en a la ley.

Las imágenes podrán ser utilizadas por un juez en caso de que incluyan imágenes o audio en el que se puedan constatar hechos constitutivos de infracciones penales, poniéndolos a su disposición en un plazo máximo de 72 horas posteriores a los hechos. Las imágenes serán destruidas en un plazo de tres meses, salvo en aquellas situaciones en las que se pruebe la comisión de un delito o que se estén empleando en una investigación policial en curso o en un procedimiento judicial o administrativo abierto. 

Su uso ha sido recibido "con buenos ojos" por los sindicatos policiales, como el caso de JUSAPOl que considera que estos dispositivos son necesarios ante "la desprotección jurídica, el abandono institucional y las agresiones que sufren los compañeros". 

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