El reciente censo del lobo ibérico publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desatado una nueva oleada de tensión entre el Gobierno y el sector ganadero. A pesar de que los datos oficiales apuntan a la estabilidad e incluso ligero aumento de las manadas en España, el Ministerio estudia considerar al lobo en un estado de conservación desfavorable, lo que podría reforzar su protección y dificultar su control poblacional.
El detonante ha sido la circulación de un nuevo informe técnico, no firmado ni avalado oficialmente, que establece en 500 manadas el umbral mínimo necesario para considerar que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable. Actualmente, la cifra estimada de manadas está por debajo de ese umbral, lo que serviría como argumento para mantener y endurecer su actual estatus de protección.
Desde el medio rural, las reacciones no se han hecho esperar. “No lo podemos consentir”, denuncian representantes ganaderos, que acusan al MITECO de maniobras “trileras” y de “sacarse de la manga” informes con el único objetivo de impedir el control del lobo en los territorios donde más daños causa.
“El único informe que debe tenerse en cuenta es el elaborado por los biólogos, veterinarios e ingenieros forestales de las comunidades autónomas”, subrayan desde el entorno ganadero, recordando que son estos técnicos —funcionarios públicos— quienes realizan los censos y evalúan el estado real de la especie sobre el terreno.
Las organizaciones agrarias y ganaderas, que llevan años reclamando una flexibilización en el control del lobo en zonas con alta densidad de ataques, consideran este nuevo movimiento como un “intento desesperado” de frenar la gestión poblacional de una especie que, según denuncian, provoca cuantiosas pérdidas económicas y graves daños emocionales entre los ganaderos.
“El campo está hasta los h... de sufrir daños día sí y día también”, critican. “Si los lobos comieran nóminas, ya estaría resuelto el problema. Si los quieren tanto, que los metan en el Retiro y les den de comer”, apuntan en tono irónico y visiblemente hartos.
La controversia vuelve a poner de relieve el choque frontal entre conservación y actividad rural. Mientras el MITECO defiende la necesidad de garantizar la viabilidad del lobo ibérico como especie protegida, en amplias zonas del norte y centro peninsular crece el malestar por lo que consideran una protección ideológica y alejada de la realidad del campo.
A la espera de que se concrete si el nuevo informe tendrá validez oficial y consecuencias jurídicas, los sectores afectados ya han anunciado que presentarán alegaciones formales y presionarán para que no se modifique el actual estado de conservación, que muchas comunidades autónomas consideran ya como “más que favorable”.
