Esta mejora, formalizada con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden TES/889/2024, deroga la anterior Orden ESS/739/2017, marcando un hito en la evolución de las políticas públicas en estas áreas clave.
La nueva normativa, que entra en vigor de inmediato, promete optimizar el procedimiento de concesión de ayudas, facilitando su tramitación y ampliando el alcance a más entidades y empresas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que “gracias a esta mejora seremos capaces de llegar a más entidades de la Economía Social y a más empresas que deseen potenciar la cultura de la responsabilidad social”.
El nuevo marco normativo está alineado con los objetivos de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, buscando cumplir varios propósitos clave:
- Adaptación y Flexibilidad Laboral: Apoyar a las personas trabajadoras en su adaptación a los cambios en el mercado laboral, fomentando la flexibilidad, innovación y creatividad.
- Trabajo Decente y Protección: Promover el trabajo decente, garantizando la protección de los derechos laborales, con especial atención a colectivos vulnerables.
- Igualdad de Género: Implementar políticas que favorezcan la igualdad de género y combatan la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.
- Economía Social e Innovación: Impulsar la Economía Social mediante la digitalización, la formación especializada y la innovación, promoviendo un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
- Responsabilidad Social Corporativa: Incentivar la adopción de buenas prácticas en responsabilidad social por parte de las empresas, para mejorar su impacto social, económico y ambiental.
La convocatoria de ayudas para 2024 se ajustará a la nueva orden de bases, permitiendo que todas las entidades que presenten proyectos de formación, difusión y fomento en estos ámbitos puedan participar. La partida destinada a estas subvenciones ha experimentado un notable incremento desde 2020, pasando de 4,2 millones de euros a 11,6 millones en 2023, reflejando el creciente compromiso del gobierno con la Economía Social y la RSE.
Esta actualización normativa representa un avance crucial en el apoyo a las iniciativas que promueven un entorno empresarial más responsable y una economía más inclusiva, asegurando que los recursos se utilicen de manera más eficaz y equitativa.
