El Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas y Sindicatos ya evalúan una estrategia llevada a cabo con éxito en Galicia y que podría ayudar a paliar el problema del déficit de profesionales de la Atención Primaria, especialmente en las zonas rurales. El ejemplo se puso sobre la mesa durante la celebración del último Consejo Interterritorial, donde se evidenciaron los buenos resultados de la propuesta de la Xunta.
Y es que Galicia ha implantado una medida para ofertar aquellas plazas de Atención Primaria que no se cubrían con las Ofertas Públicas de Empleo bajo la condición de que los sanitarios realicen dos guardias de PAC al mes. La oferta incluye varias ventajas adicionales que ha llamado la atención de los profesionales de la Comunidad hasta el punto de que de las 106 plazas ofertadas se postularon un total de 350 candidaturas.
Tal y como informa la revista Redacción Médica, la idea es aplicar esta medida a nivel nacional a través del Grupo de trabajo de puestos de difícil cobertura que se enmarca en el Plan de Atención Primaria, si bien desde el Ministerio señalan que la medida debería llegar tras un profundo debate y los ajustes necesarios que aseguren su debida implantación en todo el territorio español.
Sólo en Castilla y León se calcula que en los próximos cuatro años se jubilará el 60% de la plantilla de Atención Primaria. Sindicatos y plataformas ciudadanas , especialmente de las zonas rurales, llevan meses advirtiendo sobre la necesidad de plantear una salida a esta situación que ya se aprecia en el volumen de consultas en los núcleos más despoblados, donde no recuperan el volumen de visitas previo a la pandemia.
Desde la Junta de Castilla y León se ha aprobado recientemente una Oferta Pública de Empleo de Medicina de Familia, correspondiente al año 2020. Son 330 plazas de médicos que pueden suponer la llegada de nuevos médicos a Castilla y León y la estabilización de muchos que ya trabajan para el Sacyl.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un nuevo real decreto que permitirá retener el talento extranjero y, en concreto, tratar de evitar una problemática aún mayor ante el déficit de profesionales. Y es que se calcula que entre 5.000 y 7.000 facultativos se encuentran pendientes de respuesta para su homologación por parte del Ministerio de Universidades.
El nuevo decreto permitirá que las actuales dos vías -la homologación y la declaración de equivalencia de títulos extranjeros- se caractericen por su "eficacia y agilidad" en un proceso que, prevén, no supere los seis meses.
